Durante horas, cierta prensa provincial presentó como un registro en el despacho de Germán Beardo lo que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía terminó definiendo como una solicitud de información a la Diputación Provincial de Cádiz.
No es un matiz. Una solicitud documental consiste en recabar expedientes, contratos o correos. Un registro implica una actuación coercitiva sobre un espacio concreto. Convertir lo primero en lo segundo altera el alcance de los hechos y multiplica su carga política.
El TSJA fue claro: Germán Beardo no consta como investigado y no se produjo ningún registro en su despacho. La Guardia Civil solicitó documentación a la Diputación, igual que hizo con otras administraciones relacionadas con contratos de eventos y patrocinios.
Pero para entonces el relato ya estaba construido. El nombre del alcalde había sido colocado en el centro de una operación penal y su despacho —e incluso el Ayuntamiento— aparecía supuestamente registrado, pese a que la autoridad judicial terminó desmintiendo ambos extremos.
A juicio de este periódico, no estamos ante una simple confusión de la que además se nieguen a rectificar. Cuando se escoge la versión más incriminatoria, se destaca reiteradamente el nombre de un responsable político y se convierte una diligencia documental en una escena policial, existe una decisión editorial orientada a reforzar una lectura política concreta.
No afirmamos conocer las instrucciones internas de ninguna redacción. Sí podemos valorar el resultado: una cobertura que amplificó la vinculación política de Beardo con una causa en la que no figura como investigado.
Viñeta realizada con IA sobre el falso registro y la posterior aclaración judicial.
Cambiar el titular para no admitir el error
Un titular no es inocente. “La Guardia Civil registra el despacho del alcalde” transmite una idea muy distinta a “la Guardia Civil solicita cinco expedientes”. La primera fórmula proyecta sospecha penal. La segunda describe una diligencia común de investigación.
La operación tenía ya suficiente entidad informativa: once detenidos, otra persona investigada, registros en Cádiz y Sevilla y actuaciones sobre empresas y negocios. No era necesario colocar artificialmente al alcalde en su centro.
La existencia de contratos públicos con empresas ahora investigadas debe contarse. Lo que no puede hacerse es convertir esa relación administrativa en una implicación penal inexistente.
Todos los medios tienen línea editorial, El Puerto Actualidad, el primero. El problema surge cuando esa línea condiciona la descripción de los hechos y elige sistemáticamente la lectura más perjudicial para un adversario político.
En nuestra opinión, el tratamiento dado a Beardo responde a una hostilidad editorial sostenida por fines económicos. Criticar al alcalde es legítimo. Investigar su gestión, necesario. Utilizar una causa ajena para fabricar una sospecha, no.
La aclaración judicial no solo desmontó el supuesto registro, sino que también retrató a más de un periodista de la mal llamada "prensa seria". Además, también dejó al descubierto una forma de hacer periodismo: primero se fabrica la sospecha, después se deja circular y, cuando los hechos la desmienten, se pasa página y a esperar a la siguiente.
Esta vez el relato no retrató a Beardo. Retrató a quienes lo construyeron y cómo más de 150 años de reputación se desmoronan, día a día, cuando la línea editorial y determinados intereses pesan más que la verdad.
