La Guardia Civil ha detenido a once personas e investiga a una más en el marco de una operación judicial centrada en presuntos delitos de blanqueo de capitales y otras posibles irregularidades relacionadas con actividades empresariales, contratos públicos y la organización de conciertos y festivales.
Entre los detenidos se encuentra el empresario portuense Pascual Llopis, vinculado a distintos negocios de hostelería, ocio nocturno y promoción de eventos en El Puerto de Santa María. Según distintas informaciones basadas en fuentes conocedoras de la investigación, también habrían sido arrestadas varias personas relacionadas con su actividad empresarial.
El procedimiento está siendo instruido por el Juzgado número 5 de El Puerto de Santa María, que ya ha levantado el secreto de las actuaciones. En las últimas horas se han desarrollado registros y diligencias en distintos puntos de las provincias de Cádiz y Sevilla.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha informado de que en la causa se investigan posibles delitos de blanqueo de capitales en el marco de una organización criminal, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, revelación de secretos, uso de información privilegiada y tráfico de influencias.
De las once personas detenidas, tres han sido puestas en libertad por la Guardia Civil, mientras que las ocho restantes pasarán este viernes a disposición judicial. Además, consta otra persona en calidad de investigada.
Las pesquisas tratarían de determinar, según ha podido conocer este medio, si determinadas sociedades y negocios pudieron ser utilizados para introducir en el circuito legal fondos procedentes de actividades ilícitas. La posible conexión con el narcotráfico ha sido atribuida a fuentes próximas al caso, aunque el TSJA no ha incluido en su comunicación oficial el delito de tráfico de drogas entre los investigados.
La Guardia Civil durante el registro de la discoteca Banana en El Puerto de Santa María este pasado miércoles. / EA
Registros en empresas y locales
Durante el operativo se habrían practicado registros en el domicilio, oficinas y varios establecimientos vinculados a Pascual Llopis, entre ellos negocios situados en Puerto Sherry y en el centro de El Puerto. También se han desarrollado actuaciones en diferentes localidades del entorno de Sevilla.
La Guardia Civil habría intervenido documentación, dispositivos informáticos y otra información económica relacionada con las sociedades y personas investigadas. Las diligencias buscan reconstruir el origen y el recorrido de los fondos y esclarecer la posible relación entre negocios, contratos públicos y dinero de procedencia presuntamente ilícita.
La Guardia Civil durante el registro este miércoles. / EA
Requerimiento de contratos públicos
Dentro de la investigación, los agentes acudieron al Edificio Roma, sede de varias áreas de la Diputación Provincial de Cádiz, para solicitar documentación relacionada con contratos de patrocinio de conciertos y eventos musicales.
La Guardia Civil requirió cinco expedientes adjudicados a sociedades vinculadas al empresario investigado. El valor conjunto de estos contratos, tramitados entre mayo de 2024 y abril de 2026, superaría el millón de euros, según los datos publicados en la Plataforma de Contratación.
También se habría solicitado información a la Junta de Andalucía sobre otros contratos relacionados con festivales y actividades promovidas por las mismas sociedades.
El requerimiento de esta documentación no implica por sí mismo que los contratos sean irregulares ni que las administraciones que los tramitaron estén siendo investigadas. El objetivo de la diligencia es analizar el procedimiento seguido, los pagos efectuados y la relación económica entre las partes.
En la Diputación.
Beardo no figura como investigado
El TSJA ha aclarado expresamente que el alcalde de El Puerto y vicepresidente cuarto de la Diputación, Germán Beardo, no consta como investigado “a día de hoy” en este procedimiento.
El tribunal también ha precisado que no se llevó a cabo ningún registro en su despacho de la Diputación Provincial, sino un requerimiento de información dirigido a la institución y a otras administraciones públicas.
El alcalde explicó que los agentes solicitaron cinco expedientes de contratos públicos relacionados con el empresario investigado y que el personal técnico de la Diputación facilitó toda la documentación requerida.
La investigación continúa abierta y será el juzgado el que determine la situación procesal de cada una de las personas detenidas y el alcance concreto de los delitos investigados. La relación general de delitos comunicada por el TSJA afecta al procedimiento en su conjunto y no supone que todos ellos sean atribuidos individualmente a cada arrestado.
