La macrooperación desarrollada por la Guardia Civil en El Puerto de Santa María ha ido ampliando su alcance conforme avanzaban las horas. Lo que comenzó este miércoles con la confirmación de al menos cuatro detenidos ha terminado elevándose a once arrestados y una persona investigada, según los datos facilitados posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Durante las primeras horas del operativo, las actuaciones permanecían bajo secreto de sumario y apenas habían trascendido detalles sobre el número de implicados, los delitos investigados o el alcance territorial de las diligencias. El Puerto Actualidad pudo confirmar entonces la detención del empresario portuense Pascual Llopis y de al menos otras tres personas.
El dispositivo comenzó a primera hora del miércoles con registros simultáneos en domicilios, oficinas y establecimientos vinculados a los investigados. Entre los lugares inspeccionados figuraban negocios situados en El Puerto, además de otras localizaciones de las provincias de Cádiz y Sevilla.
Con el paso de las horas, distintas fuentes fueron ampliando el número de detenidos y el alcance de la investigación. Finalmente, el TSJA confirmó once arrestos, de los que tres fueron puestos directamente en libertad por la Guardia Civil, mientras que los ocho restantes pasarán este viernes a disposición judicial.
La autoridad judicial confirmó además la existencia de otra persona investigada, aunque no ha facilitado su identidad ni el grado concreto de participación que se le atribuye.
La Guardia Civil registrando la discoteca Banana durante el miércoles.
Del presunto blanqueo a una causa con ocho posibles delitos
En un primer momento, la operación quedó vinculada públicamente a un posible delito de blanqueo de capitales. La información oficial difundida posteriormente amplió de forma considerable el marco penal de la causa.
El procedimiento investiga presuntos delitos de blanqueo de capitales en organización criminal, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, revelación de secretos, uso de información privilegiada y tráfico de influencias.
Esta relación afecta al conjunto de la investigación y no significa que todos los delitos se atribuyan a cada uno de los detenidos. Por el momento, tampoco se ha detallado qué hechos concretos se imputan individualmente a cada persona.
Fuentes conocedoras del caso sostienen que los agentes analizan si determinados ingresos obtenidos mediante negocios, conciertos, eventos y contratos públicos pudieron mezclarse con fondos de origen presuntamente ilícito.
La posible relación de parte del dinero con el narcotráfico ha sido atribuida a fuentes próximas a las pesquisas. No obstante, el delito de tráfico de drogas no aparece incluido en la relación oficial comunicada por el TSJA.
De los registros locales a las actuaciones en dos provincias
Las primeras informaciones se centraron en los registros practicados en El Puerto de Santa María, especialmente en domicilios, oficinas y establecimientos vinculados a las personas investigadas.
Posteriormente se confirmó que el operativo también había incluido actuaciones en distintos puntos de la provincia de Sevilla, donde residirían o desarrollarían su actividad otras personas relacionadas con la causa.
La investigación está siendo desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Sevilla, con la colaboración de efectivos de la Comandancia de Cádiz para las diligencias practicadas en El Puerto.
Entre los negocios vinculados a Pascual Llopis figuran la discoteca Banana, el chiringuito Margarita y el restaurante Babú, además de sociedades dedicadas a la organización y promoción de conciertos y festivales.
Margarita, en Puerto Sherry.
La petición de contratos amplía el foco económico
Otro de los aspectos que fue conociéndose durante el miércoles fue la solicitud de documentación a distintas administraciones públicas relacionadas con contratos de patrocinio, conciertos y festivales.
En el Edificio Roma de la Diputación de Cádiz, la Guardia Civil solicitó cinco expedientes de contratos públicos vinculados a sociedades relacionadas con el empresario investigado.
La actuación consistió en un requerimiento de información, no en un registro del despacho del alcalde de El Puerto y vicepresidente cuarto de la Diputación, Germán Beardo.
El TSJA confirmó expresamente que Germán Beardo no consta como investigado en el procedimiento. Tampoco consta que estén investigados la Diputación, sus técnicos o los empleados que tramitaron los contratos requeridos.
La solicitud de expedientes no implica por sí sola que los contratos sean irregulares. La finalidad de esta diligencia sería analizar el recorrido de los pagos y diferenciar los fondos de procedencia legítima de aquellos cuyo origen se encuentra bajo investigación.
También se habría requerido documentación a la Junta de Andalucía y a otras instituciones públicas que mantuvieron relaciones contractuales con sociedades vinculadas a los investigados.
Una operación todavía abierta
La evolución de la información refleja el carácter amplio de una investigación que inicialmente se conoció de forma muy fragmentaria y que, tras el levantamiento del secreto, ha revelado un número mayor de detenidos, más actuaciones y un abanico penal más extenso.
La operación continúa abierta y no se descartan nuevas diligencias. Las declaraciones previstas para este viernes permitirán al juzgado determinar la situación procesal de los ocho detenidos que permanecen a disposición de la Guardia Civil.
Hasta que se produzcan esas comparecencias, sigue sin conocerse el reparto concreto de responsabilidades, el contenido del material intervenido y el grado de implicación individual de cada investigado.
