La Guardia Civil llevó a cabo durante la mañana de este miércoles 1 de julio varios registros en locales e inmuebles relacionados con un conocido empresario de El Puerto de Santa María, dentro de una operación desarrollada simultáneamente en las provincias de Cádiz y Sevilla.
Las actuaciones afectaron a la discoteca Banana, situada en la Ribera del Marisco, y a unas oficinas de la calle Misericordia desde las que se gestionan diferentes actividades empresariales. Otros medios sitúan también registros en el restaurante Babú y en el domicilio particular del empresario, extremos que no han sido confirmados oficialmente.
El empresario vinculado a los inmuebles registrados es Pascual Llopis, conocido en la ciudad por su relación con distintos negocios de ocio y hostelería y por figurar entre los promotores del Festival Puro Latino.
Según fuentes de la investigación, las diligencias afectarían también a varios socios del empresario en Cádiz y Sevilla y estarían relacionadas con un posible delito de blanqueo de capitales. La causa permanece bajo secreto judicial, por lo que no se han comunicado oficialmente los hechos concretos investigados ni la situación procesal de las personas afectadas.
La Guardia Civil durante el registro este miércoles. / EA
El operativo fue desarrollado por agentes procedentes de Sevilla, con apoyo de efectivos de la Comandancia de Cádiz. Las actuaciones se prolongaron durante varias horas y concluyeron sin que hayan trascendido oficialmente detenciones.
Contratos de patrocinio con Diputación
La operación incluyó igualmente una petición de documentación en el Edificio Roma de la Diputación de Cádiz, sede del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico. La institución provincial confirmó que los agentes solicitaron información sobre varios expedientes de contratos de patrocinio y que su personal facilitó toda la documentación requerida.
El alcalde de El Puerto y vicepresidente cuarto de la Diputación, Germán Beardo, ha negado expresamente que la Guardia Civil registrara su despacho. Según su versión, los agentes requirieron cinco expedientes de contratos públicos de patrocinio relacionados con el empresario y con conciertos promovidos en diferentes localidades de la provincia.
Beardo ha explicado que el personal técnico de la Diputación entregó la información solicitada con total colaboración. También ha señalado que acudió voluntariamente al Edificio Roma para apoyar las actuaciones y al personal, pero abandonó las dependencias al no ser necesaria su presencia.
El alcalde sostiene además que los agentes habrían solicitado información en otras administraciones que mantuvieron contratos públicos con empresas vinculadas al empresario. Entre las instituciones mencionadas en las informaciones conocidas figura también la Consejería de Turismo.
Según las fuentes consultadas, los expedientes requeridos estarían relacionados con contratos de patrocinio o publicidad de conciertos, entre ellos los vinculados al Festival Puro Latino. El secreto de las actuaciones impide conocer por el momento el alcance concreto de la documentación analizada y los ejercicios económicos afectados.
Las fuentes consultadas por El Puerto Actualidad descartan que la operación guarde relación con la situación administrativa de los chiringuitos de Puerto Sherry, después de que los primeros registros generaran especulaciones en la ciudad.
