Vox El Puerto ha remitido una nota de prensa para desmentir las informaciones publicadas sobre la situación urbanística de la vivienda en la que reside habitualmente su portavoz municipal, José Antonio Gomila. La formación califica las afirmaciones de «completamente falsas», anuncia posibles acciones legales y asegura haber solicitado formalmente su rectificación.

José Antonio Gomila remitió además a El Puerto Actualidad un requerimiento de rectificación respecto a la información publicada anteriormente y afirmó que ningún inmueble de su propiedad presenta la situación urbanística descrita. El medio publicó posteriormente la rectificación solicitada en relación con ese extremo. [Rectificación solicitada por José Antonio Gomila]



Tanto la nota de Vox como el requerimiento centran buena parte de su respuesta en una cuestión de titularidad. La vivienda mencionada no pertenece al portavoz municipal, pero constituye su residencia habitual. La cuestión que permanece abierta es política: desde cuándo reside en el inmueble, qué vínculo mantiene con él y qué conocimiento tiene de su situación urbanística pendiente de regularización. [La hipocresía política de José Antonio Gomila: papeles para todos menos para él]

La documentación consultada por El Puerto Actualidad refleja que el inmueble mantiene una situación urbanística pendiente de regularización, vinculada al desarrollo de una ARG-T y al planeamiento necesario para completar su encaje administrativo. La gestión del ámbito se articula mediante el sistema de cooperación. La documentación recoge además cuestiones relacionadas con las licencias y con obligaciones económicas vinculadas al proceso urbanístico de la propiedad.

Ni la nota de Vox ni el requerimiento aportan documentación urbanística que contradiga la situación administrativa descrita. Tampoco aclaran qué trámites permanecen pendientes ni qué conocimiento tiene Gomila sobre la situación de la vivienda.

La cuestión no consiste en atribuir a Gomila obligaciones jurídicas o económicas que correspondan a la propiedad. El debate planteado es político y afecta a la coherencia de un concejal que ha convertido la exigencia de legalidad, expedientes y transparencia en uno de los principales ejes de su actividad municipal.

Gomila reclama habitualmente al Gobierno local documentos y explicaciones sobre los asuntos que considera dudosos. Por eso resulta legítimo preguntarle qué sabe sobre la situación urbanística de la vivienda en la que reside habitualmente y desde cuándo conoce los trámites pendientes.

La nota de Vox dedica además buena parte de su contenido a denunciar una supuesta «máquina del fango», a cargar contra los que denomina «medios subvencionados» y a afirmar que existen presiones contra periodistas, creadores de contenido e influencers. La nota no identifica casos concretos ni aporta pruebas sobre esas acusaciones.

Estas acusaciones amplían el conflicto, pero no responden a la cuestión central: qué situación urbanística afecta a la vivienda y qué conocimiento tiene de ella José Antonio Gomila.

Vox y Gomila han negado que la vivienda pertenezca al portavoz municipal, extremo que este medio ya corrigió y rectificó públicamente. Esa precisión sobre la titularidad no despeja, sin embargo, las preguntas sobre las licencias, la regularización, los trámites pendientes y el conocimiento que pueda tener Gomila de la situación administrativa de su residencia habitual.

 

 


Nota de actualización a 10 de agosto de 2026: Se ha corregido una referencia anterior a una «junta de compensación». El ámbito se encuentra integrado en una ARG-T cuya gestión se articula mediante el sistema de cooperación, por lo que aquella denominación era incorrecta. La corrección afecta exclusivamente a la identificación del sistema de gestión urbanística mencionado.