José Antonio Gomila exige papeles, registros y explicaciones al alcalde por cada asunto que considera dudoso. Hace bien: fiscalizar al Gobierno es su obligación. El problema empieza cuando ese entusiasmo por la transparencia se detiene justo delante de la puerta de la vivienda en la que reside habitualmente.
La documentación consultada por este medio refleja que el inmueble en el que reside, aunque no es de su propiedad, mantiene una situación urbanística pendiente de regularización, vinculada al desarrollo de una ARG-T y al planeamiento necesario para completar su encaje administrativo. La gestión del ámbito se articula mediante el sistema de cooperación. La misma documentación recoge cuestiones relacionadas con las licencias y con obligaciones económicas vinculadas al proceso urbanístico de la propiedad.
Jose Antonio Gomila frente al Ayuntamiento.
En El Puerto existen muchas viviendas afectadas desde hace años por sectores sin desarrollar, planeamientos incompletos y trámites administrativos prolongados. Sus propietarios pueden encontrarse durante años a la espera de que esos procesos culminen. Pero Gomila no es un vecino cualquiera. Es concejal, portavoz municipal de Vox y representante público. Y ha hecho de la legalidad, la transparencia y la exigencia de explicaciones una de sus principales banderas políticas.
Puede residir en una vivienda sometida a las mismas circunstancias urbanísticas que puedan afectar a cualquier otro ciudadano. Lo que resulta políticamente discutible es reclamar continuamente explicaciones, expedientes y documentos sobre los asuntos ajenos y mantener, al mismo tiempo, sin aclarar qué conocimiento tiene de la situación administrativa de la vivienda que constituye su residencia habitual.
Un concejal no asume personalmente las obligaciones urbanísticas que jurídicamente correspondan a la propiedad por el mero hecho de residir en un inmueble. La cuestión planteada por este editorial no es esa. La cuestión es qué conocimiento tiene Gomila de esa situación y cómo encaja políticamente con el nivel de ejemplaridad y transparencia que exige constantemente a los demás.
Por eso debe explicar desde cuándo reside habitualmente en el inmueble, qué conocimiento tiene de las autorizaciones urbanísticas que afectan al inmueble, qué trámites permanecen pendientes y qué valoración política hace de una situación que afecta directamente a su residencia habitual.
Gomila ha anunciado incluso que acudirá al Consejo de Transparencia para conocer hasta el último detalle de actuaciones del alcalde. Nada que objetar. La oposición tiene derecho a fiscalizar al Gobierno y a reclamar cuantos documentos permita la legislación. Pero resulta llamativo semejante celo fiscalizador mientras siguen sin responderse preguntas mucho más próximas: qué sabe sobre la situación urbanística de la vivienda en la que reside y desde cuándo lo sabe.
La Plaza Real de El Puerto, durante la novillada que abrió el ciclo taurino de verano 2026. / EA
La doble vara también llega a los toros
La polémica taurina es otro ejemplo de esa contradicción política, aunque secundario. Vox reclama conocer quién recibe las invitaciones institucionales, cómo se reparten y qué criterios aplica el Ayuntamiento. Puede preguntarlo y hace bien en hacerlo.
Lo que resulta difícil de conciliar con ese discurso es que, mientras se cuestiona públicamente ese sistema, desde su entorno político se soliciten en privado entradas gratuitas.
Ahí está la cuestión. No en que exista una vivienda afectada por un proceso urbanístico ni en que alguien pueda solicitar entradas gratuitas, sino en la doble vara de medir: transparencia para el alcalde, documentos para el Gobierno y explicaciones para los demás; muchas menos respuestas, en cambio, cuando las preguntas alcanzan al propio portavoz que exige todo lo anterior.
La legalidad no puede convertirse únicamente en una obligación que se reclama al adversario ni la transparencia en un principio que solo se invoca cuando perjudica políticamente al contrario. Quien se presenta ante la ciudadanía como fiscalizador de ambas debe aceptar que su propia coherencia política también pueda ser examinada.
Si Gomila quiere mantener la autoridad política con la que exige permanentemente transparencia, debe dar explicaciones sobre qué conocimiento tiene de la documentación y de la situación administrativa de la vivienda en la que reside habitualmente. Mientras no lo haga, cada exigencia de explicaciones dirigida al Gobierno municipal llevará aparejada una pregunta inevitable sobre su propio criterio de ejemplaridad.
Porque resulta muy fácil alumbrar la casa del vecino. Lo complicado es mantener encendida la luz cuando las preguntas llegan a la puerta de la vivienda en la que uno reside.
En El Puerto, Vox empieza a parecerse menos al discurso de regeneración que pretende representar y más a determinadas formas de hacer política que durante años criticó. Y Gomila, en esa contradicción, tendrá que decidir si la transparencia que reclama a los demás también se la aplica a sí mismo.
