Los chiringuitos de Puerto Sherry deberán cerrar el 6 de julio después de que la Sección de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Instancia de Cádiz, plaza número 3, haya desestimado la medida cautelar solicitada por los empresarios para prolongar la actividad durante el verano.

La magistrada Miriam Solano Martín concluye en un auto contra el que no cabe recurso que la suspensión de los decretos municipales impugnados no permitiría mantener abiertos los establecimientos, ya que la autorización concedida inicialmente por el Ayuntamiento expiraba el 5 de julio.

La resolución parte de la solicitud presentada por Beauty Beach S.L., gestora de Margarita, y analiza también la petición formulada junto a Enjoy Sherry S.L., responsable de PhiPhi, y Pentágono Escaleno S.L., vinculada a Blue Playa Canalla.

Una autorización firme desde marzo

El juzgado considera determinante que un decreto municipal dictado el pasado 29 de marzo limitara expresamente la actividad hasta el 5 de julio. Esa resolución no fue recurrida por la empresa, por lo que adquirió firmeza.



La magistrada señala que suspender ahora los decretos posteriores no permitiría ampliar automáticamente el periodo autorizado. El auto sostiene que esa suspensión no provocaría que la autorización se extendiera “por arte de magia” más allá de la fecha establecida.

La resolución analiza igualmente el decreto municipal que inadmitió la solicitud conjunta de las empresas para mantener la actividad hasta el 13 de septiembre. El juzgado entiende que aceptar la cautelar supondría sustituir la decisión de la administración y conceder provisionalmente una autorización que nunca llegó a otorgarse.

El Ayuntamiento fundamentó la inadmisión en la ausencia de autorización de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz para ocupar el dominio público portuario durante el nuevo periodo solicitado.

El auto concluye que no concurren los requisitos legales para adoptar la medida cautelar, por lo que los establecimientos deberán cesar su actividad al finalizar la jornada del domingo.

Los empresarios habían acudido a los tribunales como última vía para evitar el cierre después de que tanto la Autoridad Portuaria como el Ayuntamiento rechazaran la continuidad de la explotación.

La patronal Horeca asegura que la situación ha provocado cancelaciones de reservas en El Puerto, mientras que los empresarios sostienen que el cierre podría afectar a unos 300 puestos de trabajo durante la temporada estival.

Los establecimientos han estado rodeados durante los últimos años de quejas por ruido y suciedad formuladas por vecinos, usuarios del puerto deportivo y clientes de hoteles cercanos. También existe una denuncia presentada por Ecologistas en Acción ante la Fiscalía.