La Guardia Civil llevó a cabo durante la mañana de este miércoles 1 de julio varios registros en distintos puntos de El Puerto de Santa María, dentro de una operación que afectó a inmuebles relacionados con un conocido empresario de la ciudad.
Uno de los registros se practicó en la discoteca Banana, situada en plena Ribera del Marisco, donde los agentes permanecieron desplegados durante varias horas. La actuación alcanzó también unas oficinas de la calle Misericordia vinculadas al mismo empresario.
Según las primeras informaciones conocidas, los agentes también habrían accedido al domicilio particular del empresario. Este extremo, no obstante, no ha sido confirmado oficialmente por la Guardia Civil.
El operativo estuvo coordinado por efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla y se desarrolló de manera simultánea en las provincias de Cádiz y Sevilla.
La investigación permanece bajo secreto judicial, por lo que hasta el momento no se han comunicado oficialmente los hechos concretos investigados, los posibles delitos ni el número de personas implicadas en las diligencias.
Registros.
Según ha podido saber El Puerto Actualidad a través de fuentes conocedoras del caso, las actuaciones estarían relacionadas con un presunto delito de carácter fiscal. La investigación tendría su origen en un asunto vinculado con un antiguo socio del empresario.
Las mismas fuentes descartan que el operativo tenga relación con los chiringuitos de Puerto Sherry, después de que la presencia de agentes en negocios vinculados al empresario generara distintas especulaciones durante la mañana.
La operación se habría desarrollado a instancias de un juzgado de El Puerto, según la información confirmada por este medio. Este dato tampoco ha sido confirmado públicamente por fuentes judiciales.
El empresario relacionado con los inmuebles registrados es Pascual Llopis, conocido en la ciudad por su vinculación con diferentes establecimientos de ocio y hostelería, entre ellos Banana y el chiringuito Margarita.
La práctica de registros en negocios, oficinas o domicilios relacionados con una persona no permite afirmar que esta haya sido detenida, investigada formalmente o acusada mientras no exista una comunicación oficial de la Guardia Civil o del órgano judicial competente.
