José Antonio Gomila exige papeles, registros y explicaciones al alcalde por cada asunto que considera dudoso. Hace bien: fiscalizar al Gobierno es su obligación. El problema empieza cuando ese entusiasmo por la transparencia se detiene justo delante de la puerta de su propia vivienda.
La documentación consultada por este medio acredita que un inmueble de su propiedad, situado en El Puerto de Santa María, mantiene una situación urbanística pendiente de regularización, ligada al desarrollo del sector y al planeamiento necesario para completar su encaje administrativo. La misma documentación recoge cuestiones relacionadas con las licencias y con las obligaciones económicas vinculadas a la junta de compensación.
En El Puerto existen muchas viviendas atrapadas desde hace años en sectores sin desarrollar, planeamientos incompletos y trámites interminables. Sus propietarios suelen ser familias que esperan una solución administrativa. Pero Gomila no es un vecino cualquiera. Es concejal, portavoz municipal de Vox y representante público. Y ha hecho de la legalidad, la transparencia y la exigencia de explicaciones una bandera política.
Puede tener los mismos problemas urbanísticos que cualquier ciudadano. Lo que no puede pretender es recibir la indulgencia reservada al particular anónimo mientras actúa como fiscal implacable de los asuntos ajenos. Un concejal que exige papeles, legalidad y ejemplaridad no deja de ser concejal cuando cruza la puerta de su casa.
Jose Antonio Gomila frente al Ayuntamiento.
Por eso debe explicar qué autorizaciones amparan el inmueble, qué trámites permanecen pendientes, de qué planeamiento depende su regularización y cuál es su situación ante la junta de compensación, incluidas las obligaciones económicas que todavía pudieran estar pendientes. Son preguntas sencillas y bastante parecidas a las que él formula cada semana al Gobierno municipal.
Gomila ha anunciado incluso que acudirá al Consejo de Transparencia para conocer hasta el último detalle de los movimientos del alcalde. Nada que objetar. Pero resulta llamativo semejante celo por un viaje mientras permanece sin explicar algo bastante más próximo: la situación de su propia casa.
La Plaza Real de El Puerto, durante la novillada que abrió el ciclo taurino de verano 2026. / Bellido
La doble vara también llega a los toros
La polémica taurina es otro ejemplo de esa hipocresía política, aunque secundario. Vox reclama conocer quién recibe las invitaciones institucionales, cómo se reparten y qué criterios aplica el Ayuntamiento. Puede preguntarlo. Lo que chirría es que, mientras cuestiona públicamente ese sistema, desde su entorno político se soliciten en privado entradas gratuitas.
Ahí está la cuestión. No en que exista otra vivienda con problemas urbanísticos ni en que alguien solicite entradas gratuitas, sino en la doble vara de medir: transparencia para el alcalde, documentos para el Gobierno y explicaciones para todo el mundo; silencio, en cambio, cuando las preguntas alcanzan al portavoz que exige todo lo anterior.
La legalidad no puede convertirse en una obligación ajena ni la transparencia en un espectáculo reservado al adversario. Quien se presenta ante la ciudad como guardián de ambas debe comenzar por dar ejemplo, especialmente cuando ostenta responsabilidades públicas y utiliza esos principios para cuestionar continuamente a los demás.
Si Gomila quiere conservar autoridad para exigir transparencia, debe empezar por enseñar sus propios papeles y explicar la situación. Mientras no lo haga, cada lección dirigida al alcalde llevará incorporada la pregunta que intenta evitar sobre su vivienda.
Porque resulta muy fácil alumbrar la casa del vecino. Lo difícil es mantener encendida la luz cuando toca mirar dentro de la propia vivienda. En El Puerto, Vox empieza a parecerse menos a Vox y más a aquel Levantemos de José Antonio Oliva. Y Gomila, más a Oliva que a Abascal.
