La Guardia Civil analiza cinco contratos públicos de patrocinio adjudicados por la Diputación de Cádiz a sociedades vinculadas al empresario Pascual Llopis, por un importe conjunto superior a 1,3 millones de euros, para esclarecer si ingresos legales procedentes de conciertos y eventos pudieron mezclarse con dinero de origen presuntamente ilícito, según fuentes privadas conocedoras de la investigación consultadas por El Puerto Actualidad.
La hipótesis que manejan los investigadores se centraría en determinar si fondos obtenidos legítimamente mediante contratos de patrocinio y actividades reales pudieron combinarse con dinero procedente de otras actividades presuntamente delictivas e incorporarse posteriormente a la contabilidad de las sociedades como facturación ordinaria.
Los agentes habrían solicitado a la Diputación Provincial los expedientes completos para reconstruir el recorrido económico de las adjudicaciones, verificar los pagos efectuados, identificar las sociedades beneficiarias y delimitar qué cantidades procedían de contratos públicos y cuáles podrían tener un origen diferente.
Las cinco adjudicaciones examinadas fueron formalizadas entre mayo de 2024 y abril de 2026 con las sociedades Luna Bahía, S.L. y Restauración, S.L., ambas vinculadas a Llopis. Los contratos son públicos y pueden consultarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Contratos públicos y legales
El hecho de que estos expedientes formen parte de las diligencias no implica por sí mismo que los contratos fueran ilegales, simulados o estuvieran amañados. La finalidad de su análisis sería utilizarlos como referencia para identificar los ingresos de procedencia legítima y comprobar si pudieron mezclarse con fondos ilícitos para dificultar la identificación de su origen.
La causa afecta única y directamente a los empresarios detenidos y a sus sociedades. No consta que estén siendo investigados el alcalde de El Puerto, Germán Beardo, la Diputación de Cádiz ni los técnicos que tramitaron los contratos, que colaboraron con los agentes entregando la documentación solicitada.
La operación se saldó este miércoles con al menos cuatro detenidos, entre ellos Pascual Llopis, y con registros en domicilios, oficinas y establecimientos vinculados a los investigados. Será la instrucción judicial la que determine si existen indicios suficientes para sostener la hipótesis de blanqueo de capitales.
En la Diputación.
Una investigación centrada en los empresarios
Las diligencias conocidas hasta ahora se dirigen a reconstruir los movimientos económicos de las sociedades vinculadas a los detenidos. La presencia ayer de los agentes en dependencias de la Diputación respondió, según las fuentes y testigos consultados, a una solicitud de documentación y expedientes que fue atendida por los técnicos, y no a un registro del despacho del alcalde Germán Beardo.
Tampoco consta que el regidor, la institución provincial, sus empleados o el Ayuntamiento de El Puerto estén siendo investigados ni que se practicara un registro en dependencias municipales. Algunas informaciones y declaraciones políticas difundidas durante las primeras horas de la operación vincularon la actuación con el despacho de Beardo, una interpretación que no se corresponde con la realidad ni los datos contrastados por este periódico.
La Guardia Civil registrando la discoteca Banana durante el miércoles.
La cautela resulta especialmente necesaria en una causa sometida a secreto de sumario. Durante las primeras horas también se atribuyó públicamente a la operación un supuesto delito de tráfico de influencias, una referencia que posteriormente fue retirada de la información que la difundió y que no ha sido respaldada por datos oficiales ni por las fuentes consultadas por El Puerto Actualidad.
El carácter reservado de las diligencias obliga a diferenciar con rigor entre los hechos confirmados, las hipótesis de investigación y las afirmaciones que carecen de respaldo verificable. También exige separar la información contrastada de determinados intereses editoriales o políticos que, durante las primeras horas de la operación, contribuyeron a difundir versiones no acreditadas sobre registros, delitos y responsabilidades que no constan en la causa.
Cuando una afirmación se publica sin pruebas, se mantiene pese a ser desmentida por los hechos o se modifica después sin una rectificación clara, deja de ser información fiable y entra en el terreno de la desinformación o del relato interesado.
