José Antonio Gomila, concejal y portavoz de Vox en El Puerto, ha decidido convertir el autobús gratis en otra batalla política. Dice que costará 2,5 millones de euros al año, que lo pagarán todos los portuenses y que no es justo que viaje gratis quien tiene dinero de sobra o quien viene de fuera. Vox asegura apoyarse en informes técnicos, aunque no los aporta ni detalla públicamente cómo se alcanza exactamente esa cifra.
El problema es que el discurso se le complica bastante cuando uno mira hacia Molina de Segura. Allí, en una ciudad de unos 77.000 habitantes, el autobús urbano sigue siendo gratuito para sus vecinos. Y allí gobiernan PP y Vox desde 2023.
No, no es exactamente lo mismo. Conviene decirlo antes de que alguien descubra América. Vox no implantó aquella gratuidad y Molina la limita a sus vecinos, mientras El Puerto pretende abrirla a cualquier usuario. Pero el dato es el que es: Vox gobierna donde existe un autobús urbano gratuito financiado con dinero público y el sistema continúa funcionando.
Lo gratis también se paga
Claro que el autobús gratis cuesta dinero. También cuesta una biblioteca, un parque, una instalación deportiva o una calle recién asfaltada que muchos vecinos no pisarán en su vida.
La política consiste precisamente en decidir en qué merece la pena gastar los impuestos. Presentar como gran hallazgo que un servicio público cuesta dinero aporta bastante poco al debate.
Otra cosa es preguntar si El Puerto tiene autobuses suficientes, si habrá que reforzar la plantilla, si la flota aguantará un aumento importante de viajeros o si las cuentas cuadran. Ahí sí. Eso es fiscalizar.
Y Vox sí plantea una alternativa, aunque bastante menos ambiciosa: rechaza la gratuidad universal y propone concentrar las “ayudas al transporte” en jóvenes, estudiantes, mayores y familias con rentas bajas, además de mejorar primero el servicio y esperar al nuevo contrato.
Es legítimo. Pero también bastante cómodo. Porque si el objetivo es conseguir que más gente deje el coche y utilice el transporte público, no basta con explicar quién debería seguir pagando el billete. También habrá que contar qué propone Vox para conseguir el mismo cambio de movilidad.
Y ahí la respuesta se queda bastante corta.
Puede discutir el coste. Puede exigir más autobuses. Puede defender ayudas selectivas en lugar de gratuidad universal. Todo eso forma parte del debate. Lo que resulta más difícil es explicar por qué el autobús gratis se convierte en un problema cuando lo pone en marcha Beardo y deja de serlo cuando Vox ocupa sillones de Gobierno en otra ciudad donde sigue circulando.
Interior de uno de los autobuses urbanos de El Puerto de Santa María en plena ruta. / EA
Porque fiscalizar no consiste en decir que no a todo. Una oposición útil también debería ser capaz de colocar una propuesta mejor encima de la mesa.
Si Vox tiene un modelo de movilidad más eficaz para El Puerto, que lo explique. Si puede conseguir que más vecinos dejen el coche, mejorar el servicio y hacerlo por menos dinero, que diga cómo.
Mientras tanto queda una imagen bastante sencilla: Gomila combate aquí un modelo con el que su partido convive perfectamente allí donde gobierna.
Eso ya no es solo una cuestión de autobuses. Es, otra vez, una cuestión de coherencia.
