Una investigación policial ha destapado una presunta red de explotación laboral vinculada a varios establecimientos de comida rápida, entre ellos locales situados en El Puerto de Santa María, dentro de una operación desarrollada en distintos puntos de la provincia de Cádiz, entre ellos Prado del Rey, Bornos y Puerto Serrano.
El principal investigado sería un empresario del sector de kebabs, al que se atribuye la supuesta captación de trabajadores extranjeros en situación irregular, a los que habría exigido pagos de entre 6.000 y 8.000 euros a cambio de facilitarles un contrato de trabajo y su empadronamiento.
Los hechos se enmarcan en una investigación iniciada a comienzos de año, que ha permitido detectar un posible sistema organizado en el que los trabajadores, en situación de especial vulnerabilidad, quedaban ligados al empresario bajo condiciones laborales muy por debajo de la normativa vigente.
Entre las irregularidades detectadas figuran jornadas extensas sin descanso, salarios reducidos, así como una supuesta vigilancia constante mediante cámaras y episodios de presión o amenazas. Al menos cinco trabajadores habrían sido identificados en esta situación, todos ellos de origen extranjero y sin documentación regularizada.
Además, la investigación ha puesto el foco en el uso de empadronamientos masivos en viviendas vinculadas al empresario, con decenas de personas registradas sin residir realmente en esos domicilios, lo que podría haberse utilizado para simular arraigo y facilitar trámites administrativos.
En paralelo, también se han detectado posibles irregularidades en materia de Seguridad Social, con casos de personas dadas de alta sin actividad real y otros trabajando sin contrato, lo que refuerza la hipótesis de un entramado orientado al beneficio económico a través de la explotación.
La actuación policial se ha desarrollado en varios municipios, incluyendo El Puerto de Santa María, donde algunos de estos establecimientos habrían estado operando. Por el momento, el caso continúa bajo investigación y será la autoridad judicial la que determine el alcance definitivo de los hechos y las posibles responsabilidades penales.
Desde el punto de vista legal, los hechos descritos podrían encajar en delitos contra los derechos de los trabajadores (artículo 311 del Código Penal) y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (artículo 318 bis), aunque la calificación final dependerá del avance del procedimiento judicial.
