Izquierda Unida ha responsabilizado al Gobierno municipal de la situación administrativa que atraviesan los chiringuitos de Puerto Sherry, cuya continuidad más allá del próximo 7 de julio ha sido rechazada por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, según la información trasladada por la propia formación.
IU asegura que esta decisión estaría relacionada con la falta de cobertura jurídica de la actividad y con unas actuaciones remitidas por la Fiscalía al Juzgado en relación con la tramitación de licencias y autorizaciones. La formación no ha aportado junto a su comunicado la resolución de la Autoridad Portuaria ni la documentación judicial citada.
El portavoz municipal de Izquierda Unida, José Luis Bueno, considera que la situación responde a una falta de planificación y control administrativo por parte del Ayuntamiento y reclama que se aclaren las circunstancias en las que fueron concedidas las licencias municipales.
La formación sostiene que durante los últimos años ha advertido sobre posibles irregularidades en la gestión de las actividades desarrolladas en Puerto Sherry. También recuerda las quejas formuladas por vecinos de la zona por ruidos, aglomeraciones, residuos y botellones en espacios próximos.
Izquierda Unida subraya que su posición no cuestiona la actividad hostelera ni su impacto económico, sino el cumplimiento de las normas y la obligación de que todos los establecimientos funcionen bajo las mismas condiciones legales y administrativas.
Aunque las autorizaciones para ocupar el dominio público portuario dependen de la Autoridad Portuaria, IU señala que el Ayuntamiento conserva competencias relacionadas con las licencias municipales, la disciplina urbanística, la inspección de actividades, los ruidos y la convivencia ciudadana.
La formación reclamará en el próximo Pleno que el Gobierno local explique qué licencias fueron concedidas, en qué condiciones se tramitaron y qué actuaciones de inspección o control se han desarrollado durante los últimos años.
Izquierda Unida también pedirá que se determinen las posibles responsabilidades políticas derivadas de la gestión municipal del asunto y que se garantice una solución que aporte seguridad jurídica a trabajadores, empresarios y vecinos.
El debate se produce mientras los establecimientos afectados y sus trabajadores reclaman una alternativa que permita mantener la actividad durante la temporada de verano, ante el impacto laboral y económico que tendría un eventual cierre de los chiringuitos.
