Fernando Grande-Marlaska durante el anuncio del cierre de fronteras terrestres. / Efe
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este lunes un paquete de medidas económicas para tratar de paliar la crisis económica provocada por el coronavirus. Así, según han explicado los consejeros de Hacienda, Juan Bravo, y Economía, Rogelio Velasco, el Gobierno andaluz va a movilizar mil millones de euros para ayudar a las empresas andaluzas y evitar el cierre en la medida de lo posible.
La mayor parte de estos fondos, 900 millones, irán destinados a las pymes y los autónomos mientras que otros cien millones se destinan al fondo de contingencias sanitarias, una partida que ha sido solicitada expresamente por el presidente andaluz, Juanma Moreno, quien quiere tener disponibles estos fondos para atender a la contratación de personal sanitario si fuese necesario o para la adquisición de material.
Rogelio Velasco ha detallado que el objetivo de estos fondos para empresas pymes y autónomos es frenar la crisis económica producida por dos factores, el freno del consumo tanto por parte de las empresas como por las familias, y la crisis de la producción con dificultades en el suministro de proveedores por el impacto del coronavirus en China y en el resto de Europa, de donde proceden la mayor parte de los proveedores de las pymes andaluzas.
Hasta seiscientos millones de euros se van a destinar a créditos blandos a empresas e industrias con condiciones ventajosas de vencimientos y plazos. Hay que señalar que de este montante total, la Junta sólo aporta 56 millones de euros, si bien los cálculos del Gobierno andaluz son que movilicen esos 600 millones de euros en los mercados financieros.
Otro paquete de ayudas son las fiscales. Las pymes y los autónomos podrán retrasar la presentación de los impuestos a la Junta durante tres meses, lo que supondrá, según ha afirmado el consejero de Hacienda, Juan Bravo, de 270 millones de euros más «en liquidez inmediata para las empresas en un momento clave para ellas».
A estas medidas hay que sumar otros 22 millones de euros para el despliegue de redes de alta velocidad para las telecomunicaciones y que permitan el desarrollo del teletrabajo.
