Vox El Puerto ha remitido una nota de prensa para desmentir las informaciones publicadas sobre la situación urbanística de la vivienda en la que reside habitualmente su portavoz municipal, José Antonio Gomila. La formación califica las afirmaciones de "completamente falsas", anuncia posibles acciones legales y asegura haber solicitado formalmente su rectificación.
José Antonio Gomila ha remitido además a El Puerto Actualidad un burofax en el que ejercita su derecho de rectificación respecto a la información publicada el 2 de agosto y afirma que ningún inmueble de su propiedad presenta la situación urbanística descrita. El requerimiento exige también que el medio se retracte de lo publicado. [Rectificación solicitada por José Antonio Gomila]
Tanto la nota de Vox como el burofax centran su respuesta en una cuestión de titularidad. La formación afirma que ningún inmueble propiedad de Gomila presenta la situación descrita. La vivienda mencionada no pertenece al portavoz municipal, sino a una persona muy allegada a él, pero constituye su residencia habitual. Gomila deberá explicar políticamente desde cuándo reside en el inmueble, qué vínculo mantiene con la vivienda y qué conocimiento tiene de su situación urbanística pendiente de regularización. [La hipocresía política de José Antonio Gomila: papeles para todos menos para él]
La documentación consultada por El Puerto Actualidad refleja que el inmueble mantiene una situación urbanística pendiente de regularización, ligada al desarrollo del sector y al planeamiento necesario para completar su encaje administrativo. También recoge cuestiones relacionadas con las licencias y con las obligaciones económicas vinculadas a la junta de compensación.
Ni la nota de Vox ni el burofax aportan documentación que contradiga esos extremos. Tampoco aclara si el inmueble está plenamente regularizado, qué trámites permanecen pendientes o qué conocimiento tiene Gomila sobre la situación administrativa de la vivienda.
La cuestión no consiste en atribuirle obligaciones jurídicas que correspondan a la propietaria. El debate es político y afecta a la coherencia de un concejal que ha convertido la exigencia de legalidad, expedientes y transparencia en uno de los principales ejes de su actividad municipal.
Gomila reclama habitualmente al Gobierno local documentos y explicaciones sobre cualquier asunto que considera dudoso. Por eso resulta legítimo preguntarle qué sabe sobre la situación de su domicilio habitual y desde cuándo conoce los trámites pendientes.
La nota de Vox dedica además buena parte de su contenido a denunciar una supuesta "máquina del fango", a cargar contra los que denomina "medios subvencionados" y a afirmar que existen presiones contra periodistas, creadores de contenido e influencers. El comunicado no identifica casos concretos ni aporta pruebas sobre estas acusaciones.
Estas acusaciones amplían el conflicto, pero no responden a la cuestión central: qué situación urbanística afecta a la vivienda y qué conocimiento tiene de ella José Antonio Gomila.
Vox y Gomila han negado que la vivienda pertenezca al portavoz municipal, pero no han desmentido documentalmente la situación urbanística del inmueble. Convertir esa precisión registral en un desmentido total puede servir como argumento político, pero no despeja las preguntas sobre las licencias, la regularización y los trámites pendientes.
