La concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, Carmen Lara, lamenta la ocupación del Centro de Emergencia Social en la tarde de ayer por parte del PSOE encabezado por su secretario general, Ángel González, y varios miembros de la ejecutiva.

Lara señala que cuando se estaba procediendo a la reubicación de los últimos residentes, a los que se le había buscado desde la Concejalía una alternativa habitacional en poblaciones vecinas mientras el Ayuntamiento saca a licitación el servicio tras el abandono de Anydes, irrumpieron en las dependencias municipales para impedir su traslado.

La edil explica que desde que se conoció la noticia de Anydes, el equipo de Gobierno junto a los profesionales del área se ha dejado la piel para brindarles a cada uno de los usuarios la reubicación más adecuada, teniendo en cuenta cada perfil; ya que el centro acogía todo tipo de casos de vulnerabilidad.

“Desde familias que precisaban realmente de este tipo de servicio de acogida y otro de personas con adiciones o problemas de naturaleza mental que no debían estar un centro de esta naturaleza”, confirma Lara. Igualmente se ha tenido en cuenta cada casuística particular para realojarlos con todo tipo de garantías y con la máxima calidad.

Una situación transitoria mientras se reorganiza el servicio para su reapertura, tras haber renunciado Anydes a su gestión. Una gestión que ha sido financiada por el Ayuntamiento de El Puerto en los últimos cinco años, subvencionando dicho servicio con unos 190.000 euros anuales; destinados íntegramente para que El Puerto contara con un albergue con la máxima dignidad y calidad. De hecho, recuerda Lara, aún habiendo problemas en años anteriores para la gestión de subvenciones, la de Anydes siempre ha sido desbloqueada dándole prioridad absoluta al entender que ofrecía un servicio esencial para la ciudad, para su programa de acogimiento temporal.

Lara ultima que no entiende la actitud del PSOE paralizando una gestión que se ha mimado hasta la extenuación y alargado todo el tiempo necesario para darle a cada familia o usuario una opción a medida, en función de su dolencia o situación. “Teniendo muy claro que el desalojo no concluiría hasta que el último usuario tuviera su situación resuelta con cada trabajador social”.

De hecho, en la nueva gestión se busca incrementar los servicios que se brindan, mejorándolos y adaptándolos a los distintos perfiles.

Por último, la edil pide al PSOE local responsabilidad y sentido común ante una situación que se ha gestionado con absoluta transparencia y con la mayor sensibilidad para hacerlo lo mejor posible y que, sin embargo, ellos están utilizando como arma política.