Vista del complejo penitenciario de El Puerto de Santa María, con uno de sus módulos y la torre de vigilancia al fondo. / EA

Las prisiones de Puerto I, Puerto II y Puerto III afrontan un déficit de personal médico superior al 68%, según denuncia ACAIP-UGT coincidiendo con el Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora este sábado 10 de octubre. El sindicato alerta de que la falta de facultativos dificulta la atención y el seguimiento de los internos con problemas psiquiátricos y aumenta la presión sobre los trabajadores penitenciarios.

Según los datos facilitados por la organización sindical, Puerto I dispone actualmente de dos facultativos para 104 internos, mientras que Puerto II cuenta con otros dos médicos para una población de 420 reclusos, aunque ACAIP-UGT señala que uno de estos profesionales está próximo a abandonar el centro. En Puerto III habría tres facultativos para atender a 1.329 internos.

En conjunto, las tres prisiones portuenses suman, de acuerdo con estas cifras, 1.853 personas internas y únicamente siete médicos. ACAIP-UGT sostiene que el déficit de facultativos supera el 68% tomando como referencia datos del Portal de Transparencia correspondientes a octubre de 2026.



La organización sitúa esta carencia en un contexto especialmente delicado por la presencia de problemas de salud mental entre la población penitenciaria. ACAIP-UGT cifra en más del 30% el porcentaje de reclusos en España que padecen alguna patología mental o reciben tratamiento psicofarmacológico.

El medio penitenciario supone además un entorno de alto impacto psicológico, marcado por la privación de libertad, la ruptura de vínculos personales y familiares y la adaptación a un espacio cerrado. El sindicato sostiene que estas circunstancias pueden agravar patologías previas o actuar como desencadenante de cuadros depresivos y trastornos de adaptación.

La falta de personal médico estaría dificultando especialmente la detección precoz de los trastornos mentales en el momento del ingreso. Según ACAIP-UGT, determinados casos terminan siendo identificados de manera reactiva, después de que el interno haya protagonizado un altercado, una conducta autolesiva, una agresión o una crisis grave.

A ello se suma, según la organización, la dificultad para realizar un seguimiento continuado de los tratamientos prescritos, una situación que puede derivar en descompensaciones psiquiátricas dentro de los módulos ordinarios de las prisiones.

Representantes de ACAIP de distintos centros penitenciarios, entre ellos Puerto I, Puerto II y Puerto III, participan en la concentración celebrada ante el Senado con motivo de la aprobación del reconocimiento de los trabajadores de prisiones como agentes de la autoridad.

Crisis dentro de los módulos

ACAIP-UGT advierte de que esta falta de asistencia médica tiene también consecuencias sobre la seguridad dentro de los centros penitenciarios. El sindicato relaciona parte de los incidentes regimentales y episodios violentos con internos que sufren alteraciones mentales sin tratar o que atraviesan procesos de descompensación.

Los trabajadores penitenciarios se ven así obligados, según denuncia la organización, a intervenir en primera línea ante brotes psicóticos, crisis de agresividad o conductas autolesivas sin disponer de formación clínica especializada ni de los medios propios de una unidad psiquiátrica.

Esta situación, sostiene ACAIP-UGT, incrementa la exposición de los funcionarios a situaciones de riesgo y obliga a los empleados públicos a afrontar circunstancias que deberían contar con una intervención sanitaria especializada.

Los centros penitenciarios disponen de programas específicos para atender a internos con trastornos mentales, entre ellos el Programa de Atención Integral a Enfermos Mentales (PAIEM). Sin embargo, ACAIP-UGT considera que las prisiones ordinarias no cuentan con los recursos suficientes para asumir la atención de patologías psiquiátricas graves.

El sindicato señala además que el sistema penitenciario dispone de hospitales psiquiátricos penitenciarios en Sevilla y Alicante-Fontcalent, destinados fundamentalmente a personas sometidas a medidas de seguridad acordadas judicialmente, mientras buena parte de los internos con trastornos mentales permanece en centros ordinarios.

ACAIP-UGT reclama igualmente que se haga efectiva la transferencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas contemplada en la disposición adicional sexta de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

La citada disposición establece que los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias deben ser transferidos a las comunidades autónomas para su integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud y fijó un plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de la ley para proceder a esa integración.

Ante esta situación, ACAIP-UGT exige una incorporación urgente de personal médico, un refuerzo de los recursos especializados en salud mental y una mayor dotación de herramientas, protocolos y formación para los trabajadores penitenciarios.

El sindicato considera que la actual carencia de facultativos afecta tanto a la atención sanitaria de las personas privadas de libertad como a las condiciones de seguridad en las que desempeñan su trabajo los empleados públicos de Puerto I, Puerto II y Puerto III.