Hay escenas que explican mucho más que cualquier comunicado político. Y lo ocurrido en el Centro Comercial de Vistahermosa, durante una intervención de la Policía Local por un botellón este fin de semana, merece algo más que una explicación apresurada.
El concejal de Vox Mauricio Mauri se presentó durante la actuación policial y comenzó a grabar a los agentes con su teléfono móvil. No se limitó a observar lo que estaba ocurriendo: según el relato policial conocido por este periódico, se dirigió directamente a los policías para cuestionar la intervención y llegó a situarse delante de uno de los vehículos patrulla.
La escena resultaba especialmente llamativa porque, mientras los agentes intentaban desarrollar su trabajo, el concejal se colocó físicamente en el recorrido del vehículo y tuvo que ser requerido para que se apartara y permitiera que el dispositivo pudiera continuar con normalidad.
Pero hubo algo todavía más preocupante. Según la versión policial, Mauri se dirigió también a los jóvenes que se encontraban en el lugar y cuestionó delante de ellos la actuación de los agentes. En ese contexto, algunos de los presentes comenzaron a increpar a los policías, elevando todavía más la tensión.
Un concejal tiene derecho a discrepar. Tiene derecho a pedir explicaciones, fiscalizar la actuación de la Policía Local y, si considera que se ha producido alguna irregularidad, utilizar todos los mecanismos institucionales que la democracia pone a su disposición.
Lo difícilmente comprensible es que un representante público decida hacerlo en plena intervención, delante de las personas implicadas y situándose, según el relato de uno de los agentes, en el recorrido de un vehículo policial.
La Policía Local no puede trabajar sometida a una presión política directa mientras desarrolla una actuación. Los agentes deben poder intervenir con tranquilidad, especialmente cuando intentan controlar una concentración numerosa y garantizar el cumplimiento de las normas. Y un concejal debería ser el primero en entenderlo.
Mauricio Mauri en el lugar.
La política no puede convertirse en una competición permanente por obtener una imagen, un vídeo o repercusión en las redes sociales. Mucho menos cuando esa actuación termina poniendo públicamente en cuestión la autoridad de quienes están ejerciendo una función pública.
La Corporación municipal está para representar a los ciudadanos, fiscalizar al Gobierno y defender los intereses de la ciudad. También está para respetar a sus empleados públicos y, especialmente, a quienes tienen encomendada la seguridad de todos.
Lo sucedido en Vistahermosa deja una pregunta evidente: ¿qué ocurriría si cada concejal decidiera irrumpir personalmente en cada actuación policial con la que no estuviera de acuerdo?
La respuesta es clara: el trabajo de la Policía se volvería prácticamente imposible.
La discrepancia política es legítima. La crítica también. Pero existe una frontera que ningún representante público debería cruzar: la que separa la fiscalización democrática de la interferencia directa en el trabajo de los agentes.
Y en Vistahermosa, según el relato policial conocido por este periódico, esa frontera no solo quedó cerca. Hay motivos suficientes para preguntarse si llegó a cruzarse.
