El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María ha anunciado que defenderá a la plantilla del Servicio de Ayuda a Domicilio y estudiará todas las acciones jurídicas y administrativas a su alcance si se acreditan los presuntos incumplimientos atribuidos a la empresa ÓBOLO durante la gestión del servicio.
El pronunciamiento municipal llega después de las denuncias públicas realizadas por las trabajadoras y por las delegadas de CCOO, que acusan a la antigua concesionaria de haber abandonado El Puerto sin abonar liquidaciones y diferentes cantidades pendientes a parte de la plantilla.
Entre los conceptos denunciados figuran supuestas deudas relacionadas con nóminas de 2024, atrasos de 2025, liquidaciones de contratos, cursos y otros derechos laborales, extremos que por el momento no constan acreditados mediante una resolución administrativa o judicial.
El Gobierno municipal ha trasladado un mensaje de tranquilidad a las trabajadoras y ha asegurado que actuará con “máxima firmeza” frente a la empresa en caso de que las denuncias puedan demostrarse.
ÓBOLO dejó de gestionar el Servicio de Ayuda a Domicilio el pasado 30 de junio. Desde el 1 de julio, la prestación está siendo asumida directamente por la empresa municipal Avanza El Puerto, antigua Suvipuerto, después del proceso de municipalización impulsado por el Ayuntamiento.
El portavoz del Gobierno municipal, Javier Bello, ha explicado que el Consistorio está analizando todas las vías disponibles para depurar posibles responsabilidades derivadas de los incumplimientos que, según las denuncias, se habrían producido durante la vigencia de la concesión.
“Este Gobierno no va a mirar hacia otro lado. Si los incumplimientos denunciados se acreditan, ejerceremos todas las acciones que nos permita la legislación vigente para exigir las responsabilidades que correspondan y, en su caso, imponer las sanciones previstas por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y laborales de la empresa”, ha señalado.
El Ayuntamiento considera especialmente grave que esta situación haya podido afectar a los derechos laborales de unas profesionales que atienden diariamente a personas mayores, dependientes y otros colectivos vulnerables de la ciudad.
Desde el Gobierno municipal sostienen que la prioridad será proteger tanto a las trabajadoras como al interés público y garantizar que cualquier empresa que mantenga una relación contractual con el Consistorio cumpla con sus obligaciones laborales y contractuales.
El Ayuntamiento también ha vinculado la municipalización del servicio con la necesidad de ofrecer una prestación más estable, segura y de mayor calidad, tanto para la plantilla como para las personas usuarias, dejando atrás una etapa marcada por incidencias reiteradas.
El Consistorio ha anunciado que mantendrá un seguimiento exhaustivo del asunto y que adoptará las medidas que resulten necesarias una vez analizada la documentación y determinado el alcance real de los presuntos incumplimientos denunciados.
