La demolición de las bodegas de La Divina Pastora ha reabierto en El Puerto un debate que lleva años sobre la mesa: qué modelo de ciudad se está construyendo y para quién terminan siendo los nuevos desarrollos urbanísticos que sustituyen parte del patrimonio bodeguero de la ciudad. Pero detrás de ese debate urbanístico también hay historias personales. La mía es una de ellas.
En julio de 2024 firmé la reserva de una vivienda en el proyecto de La Pastora. Para mí no era una inversión especulativa ni una operación financiera. Era un proyecto de vida. Pensaba desarrollar allí mi futuro y el de mi familia.
En aquel momento se nos trasladó que los retrasos formaban parte de la complejidad administrativa habitual de una promoción de esta magnitud. De hecho, en octubre de 2024 el propio director de Promoción de Insur explicó públicamente que las obras no comenzarían “al menos hasta el primer semestre de 2026” y que la primera fase estaba completamente prevendida. Sin embargo, todo cambió el pasado mes de marzo.
Tras meses intentando contactar con la promotora sin obtener respuestas claras, recibí un burofax comunicando la resolución unilateral de mi contrato de reserva, firmado en 2024 y con vencimiento el 15 de marzo de 2026.
La justificación fue una supuesta imposibilidad administrativa para continuar con la operación en los plazos previstos. Sin embargo, tras acudir al Área de Urbanismo del Ayuntamiento, comprobé que la licencia de demolición ya había sido concedida y que el desarrollo seguía pendiente, entre otros aspectos, de la tramitación del correspondiente proyecto arqueológico.
Lo que más indignación me produce es comprobar que las mismas viviendas han vuelto posteriormente a comercializarse con precios muy superiores a los pactados inicialmente.
En mi caso, la vivienda que reservé con garaje y trastero por unos 256.000 euros ronda ahora los 350.000 euros. Mi madre, que también había reservado otra vivienda en el mismo conjunto residencial, se encuentra en una situación similar.
Siento que quienes confiamos primero en el proyecto y asumimos toda la incertidumbre inicial somos precisamente quienes hemos terminado perjudicados.
Durante meses he intentado mantener una reunión con responsables de la promotora para obtener explicaciones. Incluso me ofrecí a desplazarme a Sevilla para facilitar ese encuentro. A día de hoy sigo sin recibir una respuesta directa.
También me preocupa comprobar que las viviendas continúan ofertándose pese a que, según la información que he podido consultar, la promoción seguiría sin contar todavía con licencia de obras.
Más allá del conflicto contractual, creo que este caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la transformación urbanística del Campo de Guía y el futuro modelo residencial de El Puerto.
Muchos vecinos nos preguntamos si los nuevos desarrollos inmobiliarios están pensados realmente para facilitar el acceso a la vivienda a los portuenses o si terminarán orientándose hacia perfiles económicos cada vez más alejados de la realidad local.
Porque detrás de cada contrato cancelado no solo hay cifras o documentos. También hay familias, planes de futuro y proyectos de vida que quedan completamente rotos.
