Los funcionarios de prisiones afectados por las expulsiones de las viviendas residenciales del complejo penitenciario de El Puerto de Santa María hablan de desamparo. De noches sin dormir, de cuentas que ya no salen y de la sensación de que todo lo construido durante años se desmorona de un día para otro. Denuncian una situación que califican de profundamente injusta, marcada por la indefensión, las pérdidas económicas y la ruptura de acuerdos sostenidos en el tiempo por la propia Administración.
La situación dejó de ser una amenaza para convertirse en realidad cuando Instituciones Penitenciarias ejecutó la expulsión de una funcionaria en activo de los pabellones situados en Puerto I y II. La medida se apoya en una Orden Ministerial de 2014, concebida como transitoria y que sigue aplicándose once años después, ante la ausencia de un Real Decreto actualizado que regule de forma clara el uso de estas viviendas.
Durante más de una década, las direcciones de los centros penitenciarios portuenses permitieron el uso continuado de estos pabellones a trabajadores de Puerto I, II, III e incluso de Algeciras, sin exigir con rigor los requisitos que ahora se esgrimen. Esa práctica sostenida en el tiempo llevó a muchos funcionarios a invertir sus ahorros, o a endeudarse, para adecentar viviendas que debían haber sido acondicionadas por la propia Administración. Las cifras oscilan entre 10.000 y 15.000 euros, asumidos con la confianza de que se trataba de un hogar estable mientras se mantuviera el servicio activo.
Ese equilibrio se rompe en 2025. De forma abrupta, las viviendas ocupadas pasan a ofertarse mediante concursos públicos que penalizan con cuatro puntos a los actuales residentes. En la práctica, eso significa quedar fuera. Perder la vivienda. Marcharse sin compensación, pese al dinero invertido y al tiempo vivido allí.
Una de las funcionarias ya ha tenido que abandonar su pabellón tras cuatro años, dejando atrás una inversión de más de 10.000 euros no amortizados. Ahora se ve obligada a buscar alquiler en otra localidad para poder seguir acudiendo a su puesto de trabajo, en un mercado inmobiliario asfixiante, con precios disparados y una oferta mínima.
Centro Penitenciario Puerto I.
El temor se extiende. El complejo penitenciario cuenta con 110 viviendas residenciales, de las que 80 están ocupadas, y los procedimientos no afectan solo a funcionarios en activo. También se han iniciado desalojos contra jubilados, viudas y trabajadores en activo en otras provincias, a quienes durante años se les permitió residir abonando el canon correspondiente al Tesoro Público.
Los afectados repiten una idea: no piden privilegios. Hablan de hogares, no de beneficios. De casas levantadas con sacrificio personal, amparadas durante años por una gestión administrativa permisiva, que ahora se corrige de golpe, sin transición y sin alternativas, dejando tras de sí un daño humano y económico difícilmente reparable.
Por eso reclaman una paralización inmediata de las expulsiones, la habilitación de las viviendas vacías y la aprobación urgente de una normativa clara, estable y justa, que ponga fin a una situación que sienten como una quiebra de confianza y evite que más funcionarios pierdan su casa por la inacción prolongada de la propia Administración.
