Javier Bello González. Teniente de alcalde de Gran Ciudad, Función Pública y Organización Municipal del Ayuntamiento de El Puerto.
¿Os acordáis cuando los andaluces hablábamos del Cortijo del PSOE Andaluz en la Junta de Andalucía? Pues bien ahora han trasladado el Cortijo a Moncloa, donde Pedro Sánchez se piensa el dueño del mismo y se dedica a jugar con nuestra democracia a su libre antojo. Por todos es sabido que la “Ley Begoña” constituye una amenaza sin precedente para los principios democráticos, al restringir el acceso a la justicia, debilitar el control ciudadano sobre los poderes públicos y generar un entorno de impunidad en los casos de corrupción, concretamente, en los que acorralan al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sanchez.
La democracia es incompatible con reformas normativas que constituyen un fraude orientado a perpetuar un poder sin limites, en detrimento de la legalidad y de la justicia. Esta iniciativa no es un hecho aislado, sino que forma parte de una hoja de ruta que, paulatinamente, busca ocupar políticamente los órganos jurisdiccionales, para luego desmantelar cualquier herramienta de control que pueda poner freno a las decisiones arbitrarias de estos mismos órganos, permitiéndoles así actuar sin límites.
La “Ley Begoña” es oportunista y partidista. No se puede permitir bajo ningún concepto, que los instrumentos legislativos y las instituciones del Estado sean utilizados en beneficio de intereses particulares o para garantizar la impunidad de personas concretas. La independencia judicial, garantizada por la Constitución y los tratados internacionales suscritos por España, exige que el ejecutivo y las autoridades legislativas se abstengan de interferir en el normal desarrollo de los procedimientos judiciales. Cualquier intento de condicionar la actuación de los órganos jurisdiccionales a través de cambios legislativos orientados a debilitar los mecanismos de control y rendición de cuentas, representa una amenaza directa al sistema de pesos y contrapesos que asegura el equilibrio institucional.
Es por tanto inaceptable desde cualquier perspectiva democrática, que se proceda desde el PSOE a la alteración de las normas con el único propósito de favorecer intereses particulares del Presidente del Gobierno. La preservación de la separación efectiva de poderes, de la independencia del poder judicial y la fortaleza de la seguridad jurídica, exigen la adopción de medidas que fortalezcan la institucionalidad y que sigan garantizando la participación ciudadana.
Por estos motivos debemos actuar y conseguir que la proposición de ley orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas, se retire, porque constituye una grave amenaza al Estado de derecho y a la independencia judicial, así como por su incompatibilidad con el marco constitucional español y las obligaciones internacionales asumidas por nuestro país, al favorecer la impunidad y debilitar las herramientas existentes en la lucha contra la corrupción.
