Los gestores de los fondos europeos han demandado judicialmente a Impulsa y al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María por más de 16.6 millones de euros por la gestión del gobierno de David de la Encina (PSOE) entre 2015 y 2019 en los fallidos parkings en Pozos Dulces y Plaza de Toros, cuando fue alcalde.

Los demandantes reclaman al Juzgado que condene a Impulsa El Puerto y al Ayuntamiento al pago a AC Jessica de la cantidad de más de 10 millones de euros (en concreto, 10.094.057 euros), más los intereses que se devenguen en concepto de daños y perjuicios.

Y por otro lado, piden que se condene a Impulsa El Puerto y al Ayuntamiento al pago a GED Jessica Andalucía de casi 6.6 millones de euros (en concreto, 6.596.168 euros), más los intereses, en concepto de daños y perjuicios.

Denuncian la presunta “intencionalidad, mala fe y conflicto de interés” de David de la Encina

Según ha podido conocer El Puerto Actualidad, la demanda ha sido interpuesta en los Juzgados de Primera Instancia de Madrid, y en ella se denuncia la presunta “intencionalidad, mala fe y conflicto de interés” de David de la Encina como máximo responsable. Es más, la demanda -a la que ha tenido acceso este medio- apunta al “acoso y derribo” para la ejecución de los fondos europeos. [El Tribunal de Cuentas da por probado que De la Encina cobró casi 7.000 euros de dinero público sin ir a su puesto de trabajo en una fundación pública]

Por otro lado, también denuncian la gestión del tripartito de izquierdas (PSOE-IU-Levantemos) que gobernó en el anterior mandato en El Puerto entre 2015 y 2019, apuntando a la exconcejala María José Marín (de Levantemos, del círculo de Podemos) y al delegado de Urbanismo de aquel momento -pasaron tres concejales por Urbanismo: Antonio Fernández (IU), Ángel Quintana (PSOE) y el propio David de la Encina (PSOE), siendo también presidentes de Impulsa estos dos últimos-, como responsables directos de hacer todo lo posible para obstaculizar los proyectos. Un equipo de gobierno en el que también estaba, por cierto, Javier Botella, como concejal de Economía y Hacienda por Levantemos, y hoy día en Unión Portuense.




Los proyectos preveían el “apoyo europeo conjunto para la inversión sostenible en el ámbito urbano” con fondos europeos Jessica que provenían del Banco Europeo de Inversiones, en el contexto de fondos Feder para Andalucía, y suponían una inversión de 24,2 millones de euros.

Denuncian que el proyecto sufrió una campaña de acoso y derribo del tripartito de izquierdas

La demanda apunta que tras elecciones de 2015 se conformó “un nuevo equipo de gobierno tripartito formado por  el PSOE, Levantemos El Puerto e Izquierda Unida. A partir  de  ese momento, lo que había sido una campaña de acoso y derribo contra el proyecto desde la oposición se convirtió en una obstaculización sistemática desde el propio Ayuntamiento”.

Los gestores de los fondos europeos denuncian que “desde su entrada en el Ayuntamiento, el nuevo Gobierno tripartito proclamó que haría todo lo posible por impedir la ejecución del proyecto”, pretendiendo dedicar los fondos a otros usos según contemplaba el “Pacto y Programa de gobierno progresista y social” del tripartito liderado por David de la Encina.

El tripartito de izquierdas en 2015 con David de la Encina (PSOE), Antonio Fernández -ya retirado- (IU) y Javier Botella (en Levantemos, y ahora en Unión Portuense). / EA

Señalan, además, que “Impulsa El Puerto incumplió grave y reiteradamente sus obligaciones frustrando el desarrollo  del  Proyecto”. Y apuntan que “El Ayuntamiento e Impulsa El Puerto obstaculizaron el proyecto desde su inicio, que se encontró con una fuerte oposición por parte de la oposición, el PSOE”. Igualmente, recoge la demanda que no atendió a que la inversión no se habría podido destinar a otros fines como se pretendía. ["¡Te reviento la cabeza!" No David, esto no te viene bien]

“El objetivo declarado e indisimulado ha sido desde el inicio paralizar e impedir el proyecto"

Denuncian que David de la Encina pretendía presuntamente dejar de otorgar ninguna licencia y luchar para que la operación “se deshiciera” además de contratar “un bufete que estudiara las posibilidades de tumbar esta operación del PP”, ya  que “no era beneficiosa para los ciudadanos” y “no se la iba a tragar”. Según recoge la demanda: “El objetivo declarado e indisimulado ha sido desde el inicio paralizar e impedir el proyecto sin tener que pagar indemnización alguna”.

“Incumplimiento flagrante”

Se responsabiliza a David de la Encina de la “paralización de facto del proyecto” y del “incumplimiento de manera flagrante de sus obligaciones legales como consejero”, como alcalde y como presidente de Impulsa. Igualmente, su falta de aportación de informes en los Consejos de Administración, y del intento del Ayuntamiento de destruir el proyecto.

La demanda denuncia también el bloqueo de las licencias municipales, el retraso y modificación de condiciones, y los bloqueos incluso tras el otorgamiento de las licencias. Igualmente señala el retraso entre el acta de inicio de las obras y el acta de replanteo. 

David de la Encina (PSOE) manifestándose en contra de los parkings en 2015, meses antes de convertirse en alcalde. / EA

Dice la demanda: “En resumen, una obra que tendría que haber comenzado en el verano de 2014 empezó -y de forma parcial-, tras la renuncia a la construcción del aparcamiento de Plaza de Toros­ tres años después por el empecinamiento del Gobierno Local y del socio municipal en obstaculizar el proyecto”.

Pero la cosa no termina ahí: en la millonaria demanda se responsabiliza a David de la Encina de los incumplimientos de Impulsa en 2016, “frustrando el intento de refinanciación del proyecto”. Apuntando también la “falta de respuesta” que creó la “situación de bloqueo del proyecto”, con la “dilación enorme e injustificada por parte del Ayuntamiento”. Pero también señala la demanda el “incumplimiento generalizado de Impulsa, de falta de colaboración del Ayuntamiento y de parálisis de la construcción”, y la “falta de convocatoria de los órganos de decisión”.

En 2019 se recondujo la situación

Por último, la demanda señala que "en mayo de 2019 cambió el gobierno municipal y se otorgó la licencia de terminación de obras, que permitió retomar los trabajos”, así como que Germán Beardo como nuevo alcalde, “mostró su intención de reconducir la situación, mediante la 'agilización' de la tramitación de la licencia de urbanización y la finalización de las obras de Pozos Dulces”, para evitar el “grave perjuicio tanto para los comerciantes y hosteleros de la zona”.

La demanda concluye que los incumplimientos contractuales han causado cuantiosos daños reales, efectivos y perjuicios a los fondos europeos. Según fuentes de este medio, Impulsa celebrará un Consejo de Administración el día 22 febrero para dar traslado a los actuales gestores del contenido de la demanda presentada en Madrid.