El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María ha abierto al menos 20 expedientes disciplinarios a agentes de la Policía Local dentro del conflicto generado por la falta de pantalones reglamentarios, y por el que un grupo de unos 80 agentes lleva acudiendo con pantalones de paisano a la Jefatura, y sin poder por tanto trabajar, desde el pasado 30 de abril alegando que el Ayuntamiento no les ha suministrado pantalones nuevos desde 2017.
Hay que recordar que según la Sección Sindical del SPPME (Sindicato Profesional de Policía Municipal de España), con representación en la Jefatura de El Puerto, los policías recibieron por última vez los pantalones reglamentarios en 2018, teniendo además una duración garantizada por el fabricante de hasta cinco años siendo pantalones de alta resistencia, y habiéndose quedado este grupo de policías casualmente todos sin pantalones el mismo día, el pasado 30 de abril al comienzo de la Motorada. Aunque bien es cierto que por su convenio laboral les corresponde recibir la uniformidad completa cada dos años, y eso no se ha cumplido.
En concreto, estos -al menos- 20 agentes han sido expedientados por el Ayuntamiento por no haber acudido a su puesto de trabajo durante un turno completo en la pasada Motorada, justo cuando comenzó el conocido conflicto por la falta de pantalones reglamentarios.
Además, se esperan nuevos expedientes disciplinarios en los próximos días, toda vez que hay un amplio grupo de agentes que sigue manteniendo la presunta huelga encubierta acudiendo con pantalones de paisano a la Jefatura y no permitiéndole el Jefe de la Policía prestar servicio de esa manera al no estar permitido por el reglamento. De hecho, la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Cádiz tiene sobre la mesa un informe enviado por la concejala de Seguridad, Marina Peris, donde se relata lo ocurrido y detalla los agentes que están promoviendo y secundando esta iniciativa por si hubiera indicios de delito.
Por su parte, también han sido denunciados –en este caso ante la Policía Nacional– dos agentes que serían los dirigentes sindicales de la UPBLA y promotores de la presunta huelga encubierta, por presuntas amenazas y ‘moving laboral’ a otro agente (afiliado al SPPME) por no secundar la iniciativa. De hecho, CSIF en un comunicado ha criticado las maneras de la UPBLA a la hora de reivindicar mejoras laborales de los agentes, condenando cualquier acto de presión o amenaza a los policías locales que no están de acuerdo con la forma de actuar del sindicato mayoritario UPBLA. Aunque bien es cierto que el CSIF se ha alineado con los trabajadores respecto a sus reivindicaciones y ha exigido responsabilidades al alcalde Germán Beardo.
Lo cierto es que cada vez son más los afiliados a la UPBLA que critican –aunque sea en privado por miedo a ser represaliados– la presión realizada por la falta de los pantalones. Por lo que, según vayan pasando los días, y se acerque la hora de cobrar la nómina de junio –tras 22 días sin trabajar y con expedientes disciplinarios cayendo uno tras otro–, todo apunta a que poco a poco irán apareciendo más agentes con sus respectivos pantalones reglamentarios (de hecho hay al menos un afiliado a la UPBLA que sí acude debidamente uniformado desde el primer día), ya sea porque los han encontrado en el fondo del armario o porque otros compañeros de municipios vecinos se los ceden como la forma más airosa de salir del apuro en un pulso que es imposible sostener en el tiempo.