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El Ayuntamiento de El Puerto ha incoado un expediente sancionador por 601 euros contra un vecino y miembro de Ecologistas en Acción, Salvador González, por instalar una isleta alternativa de reciclaje en plena vía pública, en la zona de Fuentebravía, tras denuncia de un vecino y tras varios avisos de la Policía Local y sin tener la autorización pertinente, desobedeciendo la orden dada por los agentes.

Los ecologistas defienden a su compañero alegando que Salvador González “instaló, tras su petición reiterada al Ayuntamiento por la ausencia de contenedores de recogida selectiva para el reciclaje de residuos, una original isleta alternativa de reciclaje, no sólo para favorecer esta práctica entre sus vecinos, sino para llamar la atención por la incapacidad y mala gestión de los responsables municipales”. Además, añaden, “era él mismo el que con su vehículo particular transportaba lo allí depositado hasta los contenedores municipales o, incluso, hasta el mismo punto limpio de la ciudad, evitando que todo ese material acabara en el vertedero de Las Calandrias”.



Así, continúan relatando los ecologistas, “tras dos meses de exitosa campaña, un desproporcionado despliegue policial se presentó en su casa, conminándolo -sin mascarillas- a que retirara toda la basura, lo que así hizo tras intentar infructuosamente dialogar y convencer a los agentes que no era basura, sino una isleta de reciclaje”.

Critican los ecologistas que se pretenda “aplicar a Salvador González la Ley de Seguridad Ciudadana como si fuera un vulgar delincuente, es una acción indigna de unos responsables municipales, pues si por algo se ha caracterizado es por su trayectoria pacifista y de compromiso cívico y activo, tanto en el movimiento ecologista, como socio de esta organización, como dirigente vecinal, habiendo sido Presidente de la Asociación de Vecinos La Andreita y de la Federación Local de Asociaciones Vecinales (Flave), además de la Federación Local de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Flampa)”.

La polémica isleta alternativa fue denunciada por un vecino de la zona.

Según el Decreto firmado, por la “desobediencia reiterada” por no retirar enseres de la vía pública, se le sanciona con una multa de 601 euros. Lo que desde Ecologistas en Acción entienden como “una represalia política por la campaña reivindicativa que ha desarrollado y que ha puesto en evidencia el mal funcionamiento del servicio de recogida de basuras y las irregularidades e incumplimientos en que incurre FCC el contrato suscrito con el Ayuntamiento”.

Finalmente, los ecologistas muestran su apoyo al vecino y reclaman que se archive el expediente sancionador, mientras que el Ayuntamiento instaló en la zona a los pocos días un nuevo punto con contenedores de reciclaje.

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