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EL PUERTO.- El Grupo Municipal Ciudadanos del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María llevará este jueves al pleno una moción para solicitar un endurecimiento de las medidas contra la ocupación ilegal de viviendas. Así lo ha explicado el portavoz de Ciudadanos en la ciudad, Curro Martínez, que ha señalado que “es intolerable que los propietarios de viviendas estén actualmente desprotegidos frente a la ocupación ilegal de su propiedad mientras se priorizan los derechos de los okupas y se eternizan los trámites para expulsarlos”.

Martínez ha destacado que “necesitamos que las leyes nos amparen para que también desde los Ayuntamientos, como administración más cercana al ciudadano, se puedan tomar medidas”. En este sentido, ha recordado que a nivel nacional Ciudadanos ha presentado en el Congreso una proposición de ley contra los okupas que busca endurecer el delito de usurpación en el Código Penal y agilizar las expulsiones de aquellas personas que se apropian de una casa.



En esta misma línea, Curro Martínez ha señalado que hay que tomar medidas en todas las Administraciones “la ocupación ilegal se ha convertido en una auténtica mafia que se dedica a pasarse casas de unos a otros por una cantidad de dinero y dejan a los propietarios en una situación de absoluta invalidez a la vez que crean numerosos problemas de convivencia en las comunidades de vecinos”, ha incidido el portavoz de Ciudadanos en El Puerto de Santa María. 

La moción que se presenta solicita el debate y la aprobación para elaborar un Plan Municipal contra la Okupación Ilegal de Viviendas, “con el fin de asegurar la devolución de los inmuebles ocupados ilegalmente a sus legítimos propietarios, en coordinación con el Gobierno de la Comunidad Autónoma y en consonancia con las medidas que éste adopte con el mismo fin, que incluya tanto medidas de refuerzo de la seguridad y la vigilancia de inmuebles abandonados susceptibles de ocupación ilegal como la puesta a disposición de los propietarios afectados de servicios de asesoramiento y orientación jurídica”.

Así mismo se expondrá la necesidad de potenciar la coordinación y la cooperación institucional para reforzar la eficacia en la lucha contra la ocupación ilegal de inmuebles, en particular, entre la Policía Municipal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como con la Administración de Justicia, para asegurar una pronta actuación ante ocupaciones que atenten contra la seguridad y la convivencia ciudadanas.

Por último, se instará al Gobierno de España y a las Cortes Generales a promover todas las reformas legales que sean necesarias para defender la propiedad privada contra la ocupación ilegal de vivienda. Entre otras medidas se busca reforzar las competencias de los Ayuntamientos para velar por la seguridad y convivencia ciudadanas en casos de ocupaciones ilegales de viviendas, facultándolos para subrogarse en las acciones de desalojo de los propietarios que no las ejerzan en casos de ocupación ilegal que afecten a la seguridad y convivencia ciudadanas.

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