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Ahora que empezamos a caminar llega el momento de los cívicos. Ya ha quedado claro que debemos mantener la distancia de seguridad, que debemos llevar mascarilla y usar guantes. Pero debe quedar claro que es una decisión personal, incluso exigible frente a personas que se vean obligadas a entrar en contacto con alguien.

Ahora bien, si dos personas se encuentran en la calle, deciden darse un abrazo y se quedan charlando, cómo debemos tomarlo. Hay varios aspectos esenciales, uno es el privado y otro el público. Privadamente cada cual es responsable de sus acciones, y el criterio público es evitar el contagio, incluso el propio.

Hasta qué punto es delito contagiarse, el Estado tiene la obligación de advertirnos, y también de crear los medios necesarios para que si alguien se contagia pueda ser curado.

No es en absoluto admisible el control sobre incluso nuestro libre albedrio de un posible contagio personal. Nadie quiere caer enfermo, pero contagiarse no es delito, y hemos llegado a un punto como el vivido en el primer día de desconfinamiento.

Facebook es un buen medidor del sentir popular. Después de casi sesenta días sin ingresos, con negocios cerrados, con aperturas controladas, después de abrirse la mano, llega el turno de los delatores, acusaciones contra los incívicos incumplidores, ya no solo nos enfrentamos a la ruina de un país detenido, sin actividad económica, ahora, la que se realiza es objeto del ojo del gran hermano que sancionará a los incumplidores.

Delatores profesionales que denunciarán si alguien se atreve a bañarse en la playa, a pasear fuera de horario o abraza a un amigo que se encuentre en la calle. Todo debe ser tenido en cuenta.

Los días vividos han demostrado la virulencia del virus, aún así, estamos llegando a un punto insostenible de control, en donde se amenaza con sanciones actuaciones inicuas, en donde se están coartando derechos de todo tipo.

Hoy más que nunca estoy convencido del peligroso lodazal en el que nos estamos metiendo, sobre todo porque se está empezando a diluir la línea entre la norma administrativa y el delito, pudiéndose caer  en la penalización de la infracción administrativa, algo a lo que ni los estados totalitarios se atrevieron.

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J. Joaquín García-Romeu, nacido en Cádiz, es licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz. Ejerce como abogado en la localidad de El Puerto de Santa María y en Sevilla, actividad que compagina desde los años 90 con colaboraciones en el mundo de la prensa y con la publicación de libros como 'La última negra' (Ediciones Atlantis) en 2018.

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