Una presa arranca parte del cuero cabelludo a una funcionaria de prisiones
La trabajadora recibió numerosas patadas en la cabeza, espalda y abdomen mientras repartía medicación en el módulo de mujeres
La rápida intervención de otros funcionarios permitió detener el ataque y la víctima tuvo que ser trasladada al hospital
Una funcionaria de la cárcel de Puerto III, en El Puerto de Santa María, sufrió este viernes 13 de noviembre una brutal agresión mientras realizaba el reparto de medicación en el departamento de mujeres. Según ha denunciado el sindicato ACAIP-UGT, una presa se abalanzó sobre la trabajadora, le arrancó parte del cuero cabelludo y le propinó numerosas patadas en distintas partes del cuerpo.
La agresora, que según la organización sindical ya había protagonizado incidentes violentos con anterioridad, golpeó repetidamente a la funcionaria en la cabeza, la espalda y el abdomen. El ataque también le provocó múltiples contusiones y heridas en la nariz y otras zonas del cuerpo.
La rápida intervención de otros funcionarios de prisiones permitió detener la agresión y evitar consecuencias potencialmente más graves. La trabajadora recibió una primera asistencia médica en las instalaciones penitenciarias y posteriormente fue trasladada a urgencias hospitalarias para ser atendida de sus lesiones.
ACAIP-UGT alerta del riesgo que representan las presas más violentas
Tras este grave incidente, ACAIP-UGT ha denunciado las dificultades existentes para separar y clasificar adecuadamente a determinadas reclusas cuyos comportamientos violentos resultan, a juicio del sindicato, incompatibles con la convivencia en los módulos ordinarios.
La organización considera que la Administración penitenciaria debe contar con mecanismos eficaces para apartar de estos departamentos a las presas que representen un riesgo grave, tanto para la seguridad de los funcionarios como para la integridad del resto de mujeres encarceladas.
En este sentido, reclama que se revisen los criterios de clasificación penitenciaria para garantizar que las internas con antecedentes de comportamientos especialmente agresivos puedan ser sometidas a medidas de control y vigilancia adecuadas a su peligrosidad, conforme a la normativa penitenciaria.
El sindicato cuestiona la escasa aplicación del régimen cerrado a mujeres
ACAIP-UGT señala que, según las estadísticas penitenciarias que cita correspondientes a diciembre de 2025, solo 15 mujeres estaban clasificadas en primer grado en toda España, frente a las 21 registradas el año anterior. Se trata de la clasificación penitenciaria más restrictiva, asociada al régimen cerrado.
Para el sindicato, estas cifras reflejan una escasa utilización del primer grado penitenciario entre la población reclusa femenina, una circunstancia que considera preocupante ante la existencia de internas con conductas extremadamente violentas.
La organización también cuestiona la orientación de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias hacia una menor utilización del régimen cerrado y de las medidas de separación interior. Según ACAIP-UGT, esta política puede dificultar la gestión de determinados perfiles conflictivos y aumentar los riesgos para el personal encargado de su vigilancia y atención.
No obstante, las cifras de clasificación citadas por el sindicato no permiten, por sí solas, establecer una relación causal entre la aplicación del régimen cerrado y la agresión denunciada en Puerto III.
Exigen más personal y medidas preventivas para evitar nuevos ataques
Ante lo ocurrido, ACAIP-UGT reclama una revisión de los criterios de clasificación, mayores recursos para gestionar a las internas especialmente conflictivas y una dotación de personal suficiente para garantizar la seguridad en los centros penitenciarios.
El sindicato considera que las funcionarias no deben tener que poner en riesgo su integridad física por la ausencia de medidas preventivas adecuadas y advierte de las consecuencias que puede tener una gestión insuficiente de los comportamientos violentos dentro de prisión.
La organización insiste en que la seguridad del personal penitenciario no puede depender exclusivamente de la intervención de sus compañeros cuando una agresión ya se ha producido. Por ello, exige a la Administración medidas que permitan anticiparse a estas situaciones y reducir el riesgo de que se repitan ataques de semejante gravedad.
