Comienzan a conocerse más datos sobre la demanda interpuesta por los gestores de los fondos europeos en la que reclaman a Impulsa El Puerto y al Ayuntamiento 16.6 millones de euros por las presuntas irregularidades que habría cometido el Consistorio portuense durante el mandato de David de la Encina (PSOE) como alcalde con el tripartito de izquierdas PSOE-IU-Levantemos entre 2015 y 2019, así como por su gestión como presidente de Impulsa El Puerto.

En caso de condena, De la Encina podría responder con su patrimonio personal como presidente de Impulsa

La demanda, que podría alcanzar más de 17 millones de euros entre los intereses y las altísimas costas judiciales, está ya en los Juzgados de Primera Instancia de Madrid, donde ya se han practicado las diligencias de la querella. El juez se encuentra solicitando y recopilando información de cara a enviar las primeras notificaciones esta misma semana, y ya se hará pública la querella. Así, además de tener que declarar previsiblemente David de la Encina en las próximas semanas en los juzgados, se solicitarán -entre otros documentos- todas las actas de los consejos de administración celebrados por Impulsa El Puerto durante la presidencia de David de la Encina y Ángel Quintana (que fue presidente entre 2017 y 2018) en el anterior mandato.



Se trata de un nuevo lío judicial de David de la Encina, tras la sentencia del Tribunal de Cuentas que falló en agosto de 2022 dando por probado su absentismo laboral en una fundación pública donde faltó 40 días y cobró casi 7.000 euros de dinero público, y que aún no ha devuelto. Al mismo tiempo que tiene una denuncia pendiente por amenazas por el incidente en el pleno de noviembre de 2022 que acabó suspendido y con De la Encina al grito de “¡Te voy a reventar la cabeza!” a un concejal del PP o a un cargo de confianza (en dos versiones enfrentadas), y que fue bochorno a nivel nacional del que se hizo eco hasta el programa de Risto Mejide "Todo es Mentira", en un careo entre Javier Bello y David de la Encina que dejó al socialista sin saber qué responder en una entrevista con Mariló Montero que lo acorraló con el famoso "Esto nos viene bien".

Ángel Quintana (ahora vinculado a Unión Portuense con Javier Botella), junto a David de la Encina en una foto de archivo en 2016. Ambos fueron los presidentes de Impulsa El Puerto durante el mandato del tripartito por el que se ha interpuesto la demanda y por la que podrían responder con su patrimonio personal. / EA

En concreto, la demanda interpuesta sostiene que la campaña política en 2015 de PSOE, Levantemos e Izquierda Unida podría costarle al Ayuntamiento más de 17 millones de euros por su “incumplimiento rebelde” y “verdadero, total, absoluto, definitivo, grave, esencial, culpable, deliberado, pertinaz, continuado, duradero, inequívoco e injustificado”.

Se trata de una extensa y dura demanda judicial de casi 90 páginas y 83 documentos anexos

Se trata de una extensa y dura demanda judicial de casi 90 páginas y 83 documentos anexos que fundamentan pormenorizadamente todos los presuntos incumplimientos legales de David de la Encina que motivaron la paralización de los expedientes municipales en procesos administrativos y la supuesta falta de gestión de los órganos de gobierno de empresas públicas, por motivos aparentemente únicamente políticos.

Detalle en exclusiva de la primera página de la demanda. / EA

Piden una "dura condena"

Los gestores europeos demandan una dura condena contra Impulsa y el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María por la gestión de David de la Encina reclamando exactamente el pago de 10.094.057 euros por los perjuicios provocados y otros 6.596.168 euros por los daños emergentes, ambos más intereses, derivados de presuntos incumplimientos contractuales. Estas cantidades incluyen un lucro cesante calculado según la tasa de rentabilidad derivada de la inversión en capital de 5.355.449 euros.

La cantidad exacta alcanza los 16.690.225 euros, que podrían superar los 17 millones de euros

Los importes que se reclaman se fundamentan en el análisis forense realizado por los expertos de AFI, Analistas Financieros Internacionales, y que se incorpora a la demanda judicial, junto a otras pruebas escritas y audiovisuales. La cantidad exacta alcanza los 16.690.225 euros, que podría superar los 17 millones de euros entre intereses y costas judiciales.

Otros tiempos, año 2015, justo antes de las elecciones municipales... "No a los Parkings", con PSOE, IU y Levantemos, tras las pancartas. / EA

Las cantidades se justifican, según la demanda, por los daños reales y efectivos así como por la relación de causalidad entre los presuntos incumplimientos impulsados por el tripartito de David de la Encina “lo que ha provocado el fracaso del proyecto”.  La demanda defiende un “incumplimiento rebelde” que fue -asegura- “verdadero, total, absoluto, definitivo, grave, esencial, culpable, deliberado, pertinaz, continuado, duradero, inequívoco e injustificado”, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo. La demanda describe pormenorizadamente tanto ruedas de prensa, como hemeroteca y el fallido Pacto Progresista y Social de PSOE, IU y Levantemos.

Además, se da la paradoja de que una de las personas más activas dentro de la plataforma “No a los Parkings” en aquella época fue Javier Botella, actualmente cabeza visible de Unión Portuense, con el asesoramiento del ex concejal del PSOE, y ex presidente de Impulsa, Ángel Quintana, y siendo uno de los que ahora exigen al alcalde Germán Beardo que haga el parking de Pozos Dulces. Un parking que el mismo Javier Botella quiso tumbar de la mano de Levantemos El Puerto en 2015, formación del círculo de Podemos de la que era concejal de gobierno durante el mandato de David de la Encina, como socio. [El fraude del "No a los parkings"]

El PSOE se defiende

Por su parte, David de la Encina por el momento ha guardado silencio tras conocerse la millonaria demanda, aunque sí se han pronunciado en las redes sociales distintos concejales del PSOE y de IU, junto a algún miembro en activo que aún queda del tripartito de izquierdas dedicado a la política, como es Javier Botella.

Haciendo frente en común, los que conformaron el tripartito aluden ahora que los parkings de Pozos Dulces y Plaza de Toros deberían de haberse construido antes de 2015, en la época de Alfonso Candón (PP) como alcalde, pero que se retrasaron por causas ajenas a ellos. Por lo que, en concreto, De la Encina entiende -y así se excusó en un pleno reciente- que su gobierno no tiene responsabilidad alguna sobre lo que luego ocurrió al llegar al poder en verano de 2015... puesto que los parkings ya tendrían que haberse inaugurado meses antes.

Los demandantes, sin embargo, aseguran en su detallada demanda que si bien hubo retraso en la licencia inicial de las obras, éste retraso fue motivado por la fuerte presión social llevada a cabo por distintas plataformas como la de "No a los Parkings",  y que dicho retraso no tuvo perjuicio económico alguno para el proyecto de los parkings, siendo simples prórrogas las que se aplicaron conforme al contrato. Resultando, por tanto, que el verdadero perjuicio económico no fue causado por el retraso inicial en la concesión de la licencia, sino por las posteriores actuaciones del tripartito de David de la Encina al llegar al poder en 2015 y tratar presuntamente de boicotear el proyecto, según los gestores de los fondos europeos.