Joaquín Paloma (Tribuna libre).- Para el ciudadano de a pie y para nuestra propia asociación -un poco más acostumbrada a moverse por una amalgama de documentos, instituciones, normas, leyes y demás- resulta imposible conocer toda la normativa de tantos temas de interés social, económico, urbanístico, sanitario… Pero nos podemos permitir afirmar que la transparencia no es el fuerte de las administraciones en general –algunas menos-, y muy especialmente de este Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.
Viene al caso hablar así por la reunión en la que tuvimos la suerte de participar el pasado viernes con el alcalde, Germán Beardo, a quien por cierto nos hemos dirigido en reiteradas ocasiones en estos últimos nueve meses (Pacto de Alcaldes, Movilidad, Contaminación en Fuentebravía, Huertos Urbanos, Gestión de Residuos, Cambio Climático…) habiendo recibido respuestas tardías -y no siempre, ni todas-, ahondando así en el incumplimiento de las leyes de Derecho de Acceso a la Información Pública.
Fueron estas las líneas que dirigimos en su día al alcalde en nuestro primer escrito el verano pasado, cuatro meses después de su elección, dando tiempo para tomar el cargo y adquirir conocimientos sobre los asuntos, escritos así hemos dirigido siempre a todos los alcaldes por cortesía, de manera seria y educada, solo con la finalidad de mantener un primer contacto cívico donde poder exponer de manera genérica aquellos temas y asuntos que nos preocupan:
“De acuerdo con la misión Institucional que usted representa de la que deriva el estar comprometido con la adopción de medidas que mejoren la confianza de los ciudadanos en las instituciones y sus representantes, garantice la integridad institucional, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas. Con este objetivo y el supuesto código que debe regir recogiendo los principios éticos y los valores de buena gobernanza para el desarrollo de toda actuación municipal que ha de regular las normas de conducta que necesariamente deben observar las personas a las que les de aplicación y, en especial las relativas a los conflictos de intereses.”
Han transcurrido más de ocho meses y aún esperamos. Un alcalde lo es de todos los ciudadanos, en este caso de todos los portuenses. Así se lo hemos escuchado al alcalde en entrevistas de radio y prensa, pero con estos mimbres y pasado ya un año en el cargo, nos planteamos que posiblemente esté justificada la frase “Germán no nos representa”.
La reunión del viernes trataba de la construcción de un campo de fútbol 11 en El Águila, en una zona reservada en el PGOU a Sistema de Equipamientos Públicos. Sobre este asunto habíamos registrado días antes un escrito matizando nuestra disconformidad por dudar sobre tres cuestiones:
1.- No se cumplía la Ordenanza de Licencias pues no existe cartel informativo.
2.- La documentación recoge que la parcela elegida era para Zona Escolar.
3.- El retamar de unos 8.000 m2 estaba sufriendo una tala total sin apreciar que se estuvieran tomando medidas para la traslocación del camaleón existiendo para ello una normativa de obligado cumplimiento.
Ante estas objeciones mostraron su desacuerdo y enfado, echándonos en cara no llevar razón y partir de la suposición de un sistemático incumplimiento normativo por parte del ayuntamiento, además de desconocimiento de las normas. Su respuesta fue:
1.-El Ayuntamiento no está obligado a cumplir la Ordenanza de licencias, no hay cartel.
2.- Según la Normativa Urbanística, Artículo 6.5.6., se consideran usos compatibles de carácter alternativo los siguientes: a. En el caso de atribución de la calificación específica de Equipamiento Educativo (E), son usos alternativos compatibles: los perteneciente a todos los tipos del uso de Equipamiento Deportivo.
3.- Relativo a traslocación, dijeron que se ha realizado con autorización de la Junta y dicen tener toda la documentación.
Si es así, el escrito y la “metedura de pata” normativa nos lo hubiéramos ahorrado si se nos hubiera atendido previamente, pues han sido incesantes nuestras llamadas a Medio Ambiente y Urbanismo para solicitar información desde el primer momento en que se observó la tala. Fue a raíz de este apagón telefónico que realizamos el registro del escrito con nuestras opiniones, dudas y preguntas.
Nos queda ver el expediente, que deben remitirnos, aunque para ello tienen de plazo un mes, o dos si la documentación a aportar es complicada según la legislación de transparencia. Con ello, y aunque la obra hubiera comenzado, nos quedará la posibilidad de comprobar y verificar si se ha actuado con los procedimientos reglados donde se marcan fechas para reservar las posibles puestas y se obliga a mantener el material talado durante un largo periodo de tiempo para que se seque y el camaleón escape, una medida que aquí no se ha seguido porque se ha podado e inmediatamente se ha triturado.
También nos servirá para haber aprendido algo más de normativas y que nos vayamos especializando, siempre queremos aprender.
