Los trabajadores de Instituciones Penitenciarias serán reconocidos formalmente como agentes de la autoridad tras superar en el Senado el último trámite para modificar el artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. La medida culmina una reivindicación histórica del colectivo y refuerza su respaldo jurídico en el ejercicio de sus funciones.

La reforma introduce un marco legal específico para los profesionales que desarrollan funciones de seguridad y custodia en los centros penitenciarios, reforzando su posición ante situaciones de conflicto que puedan producirse durante el desempeño de su trabajo.

Otro de los cambios destacados afecta al valor de los informes y testimonios elaborados por los funcionarios, que contarán con presunción probatoria dentro de expedientes sancionadores e intervenciones relacionadas con su actividad profesional.



La modificación contempla además que la Administración responda de las indemnizaciones por lesiones o daños sufridos durante el servicio cuando los internos responsables de una agresión sean declarados insolventes. Con ello se pretende evitar la desprotección patrimonial que sufrían hasta ahora los trabajadores afectados.

La aprobación ha sido seguida desde las puertas del Senado por alrededor de un centenar de delegados y delegadas de ACAIP procedentes de centros penitenciarios de distintos puntos de España, que se concentraron coincidiendo con la culminación de la tramitación parlamentaria.

Desde ACAIP-UGT consideran que el reconocimiento supone un punto de inflexión para el colectivo penitenciario y permitirá reforzar tanto la seguridad jurídica de los empleados públicos como el principio de autoridad dentro de los centros.

El sindicato señala que esta reforma es el resultado de años de negociación y reivindicación ante los diferentes grupos parlamentarios y el Ejecutivo para conseguir el reconocimiento legal de una condición que consideran necesaria por las características y riesgos propios del trabajo penitenciario.

Tras la aprobación en el Senado, el siguiente paso será la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado, trámite que permitirá completar la entrada en vigor de la reforma.