El PSOE local dio anoche el pistoletazo de salida a la campaña electoral para Andalucía. Con la presencia del candidato al Parlamento Andaluz, Ángel Mª. González, número 6 de la candidatura por Cádiz, la sede portuense celebró la tradicional pegada de carteles con la asistencia de numerosos militantes y simpatizantes.

Los socialistas han destacado la importancia que tiene para los portuenses una Junta de Andalucía que apueste por la ciudad, pues como ha recordado González “el PP de Juanma Moreno, junto al alcalde Beardo han abandonado El Puerto. La realidad es que en estos casi cuatro años no han hecho nada, perdiendo la ciudad hasta los planes de empleo”.

Así, recuerdan que "el centro de salud Ángel Salvatierra lo dejó construido el PSOE y Juanma Moreno lo ha tenido cerrado más de 3 años sin razón alguna. Y cuando lo ha abierto ha sido sin personal propio, sin pediatras por las tardes, sin las urgencias 24 horas y con evidentes carencias en el servicio que se ofrece a los portuenses".



Otro asunto que el PP ha dilatado "de manera irresponsable", según los socialistas, ha sido la estación de autobuses, "que el PSOE dejó lista con los terrenos a disposición del Ayuntamiento y el convenio firmado, pero han pasado más de 3 años y aún no se ha ejecutado; mientras la ciudadanía sigue reclamándola", según explican.

Y añaden: "El traslado de los Juzgados al centro de la ciudad, pendiente de volver a sacar la licitación, solo ha salido adelante con la llegada de las elecciones, cuando Juanma Moreno se ha dignado a sacar los papeles que guardaron en un cajón en 2018".

Como indica Ángel Mª. González: “El Puerto no puede seguir viviendo solo con la ayuda de la Diputación Provincial. únicas fuentes de inversión que está recibiendo nuestra ciudad para obras de mantenimiento, parques infantiles, derrumbe del muro de El Tejar o el campo de fútbol del Águila. El Puerto y Andalucía se merecen un gobierno que apueste de manera decidida por sus ciudadanos, y no un gobierno incapaz como el de la Junta que está devolviendo millones de euros al Gobierno de España por no gestionarlos”.