La nueva medida que hoy entra en vigor, suscita, como todo en esta pandemia serias dudas acerca de la legalidad o no de la medida. Partiendo de lo más sencillo, el simple hecho de que la vacuna no sea obligatoria genera el primer conflicto, ya que restringir el acceso a alguien que no está vacunado supone una discriminación.
Por otro lado el Tribunal Supremo ya se pronuncio al respecto, exigiendo que la medida de exigir el pasaporte COVID, estuviera justificada, con lo que tenemos el segundo gran problema, pues, quién determina si está suficientemente justificada o no la medida.
El caos generado, como viene siendo habitual, al final salpica a la hostelería, siendo necesario el pasaporte para tomar un café en un local que desinfecta la mesa cada cinco minutos, pero no para manosear las prendas en una tienda que apenas desinfecta los probadores.
La polémica está servida, sobre todo porque, qué capacidad coercitiva tiene un camarero para impedir la entrada a alguien, ¿puede usar la fuerza?, ¿debe llamar a la policía? Pero lo más ridículo es que muchos camareros ni siquiera tienen el pasaporte COVID, pues están en su derecho a no vacunarse… ¿deben ser despedidos?, ¿no será un despido nulo?
La nueva caótica situación se enfrenta con apenas ley, escasa jurisprudencia, y pocas respuestas, sobre todo teniendo en cuenta que los decretos de la pandemia al día de hoy son ilegales. Quizás lo único que avala la medida es la opinión del Tribunal Supremo, que unificando criterios considera la medida necesaria y adecuada siempre que sea necesario, frente a dicho criterio, el del Constitucional, que vería como existe una desigualdad, al no ser la vacuna obligatoria. Pero si todo ello suscita dudas jurídicas, no es menos el caos del día a día. Un verdadero conflicto supondrá el exigir un pasaporte.
Quizás gocemos del beneplácito del miedo, del desconocimiento, y ello, por mera inercia, generara que los ciudadanos, como corderos, y porque sobre todo fastidian al hostelero, obedezcan sin rechistar… más, si alguien decide plantar cara imagínense lo que el camarero o el dueño del local, hartos de día, harán frente a esa situación.
Como ya decíamos, una medida tibia sin respaldo legal, en la que el Supremo ha querido apoyar al gobierno frente a los TSJ de cada comunidad, y que en el fondo encierran una coacción velada para que la vacuna, sin ser obligatoria, sea una opción para evitar problemas.
