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Marea Verde de El Puerto (Tribuna libre).- Ante las movilizaciones que se están produciendo en defensa de los conciertos educativos tras el anuncio de la aprobación de la Ley Celaá, Marea Verde El Puerto manifiesta lo siguiente:

El Estado tiene la obligación de repartir el dinero recaudado a través de los impuestos para garantizar una red pública de servicios que garanticen el mayor estado de confort posible, velando para que todos los derechos básicos y fundamentales, entre los que se encuentra la educación, lleguen a toda la población por igual. Los servicios públicos de calidad son los únicos que garantizan la igualdad de oportunidades, si de verdad se preocuparan de llegar a toda la población sin discriminaciones. Nuestra defensa será siempre en favor de la escuela pública, “de tod@s y para tod@s”.

El dinero público no debe ser usado para favorecer el negocio de la empresa privada, sujeta a criterios de mercantilización y beneficios que nada tienen que ver con los intereses de los servicios públicos que debe garantizar un Estado de derecho. Los servicios que favorecen el bien común, sobre todo uno de primer orden como es la educación, no son un negocio, por lo que es inadmisible desviar dinero público para mantener un negocio privado: El dinero público siempre y solo para lo público.

Únicamente cuando el Estado no dispone de recursos para llegar a toda la población estaría justificado utilizar los servicios de la empresa privada para llegar y dar cobertura allí donde no llega: Lo público y lo privado nunca pueden colocarse al mismo nivel, siendo lo público preferente y lo privado subsidiario o complementario.



En el ordenamiento jurídico del sistema educativo debería prevalecer siempre criterios de igualdad y equidad para hacer disminuir las brechas de desigualdad en la población. Sin embargo, el trato de favor que se ha ido dando en los últimos años a la educación concertada ha provocado una selección natural que ha dado como resultado un perfil de alumnado significativamente distinto, lo que da lugar a una segregación encubierta que, de no atajarse de manera urgente, acabará con el principio básico de equidad e igualdad de oportunidades del sistema educativo. Por eso la máxima prioridad de las administraciones políticas debería ser la inversión en servicios públicos.

Esta inercia de los últimos tiempos ha generado una realidad en la escuela pública que la discrimina y desfavorece al tener que asumir casi en exclusividad la integración de alumnado de clases y circunstancias desfavorecidas: Un tercio de los estudiantes de la pública (33%), provienen de entornos socioeconómicos humildes, mientras que en los privados y concertados, solo es el 7,5%. La presencia de alumnado inmigrante es del 10% en la pública, frente al 4’9 en la concertada. Es un hecho constatado que en la concertada hay que pagar tasas que en ocasiones superan los cien euros y que las familias tienen que asumir el coste de los uniformes, lo que supone un hándicap para algunas familias, por lo que la concertada no está al alcance de todas, convirtiéndose en una opción que genera privilegios y desigualdad.



Este clima de clase selecto hace que en los centros concertados el aprendizaje sea más efectivo, por lo que aquellas familias que puedan, elegirán siempre este modelo buscando de manera comprensiva y legítima lo mejor para sus hijos e hijas, pero no nos engañemos, esto que llaman libertad de elección, en realidad es un privilegio pagado con dinero de todos en detrimento de la escuela pública que concentrará un mayor grado de conflictividad y complejidad en las aulas y que incrementará las razones para que cada vez menos familias la elijan como primera opción. Si damos alas a que esta realidad se consolide, estaremos firmando una sentencia de muerte para la escuela pública, que se encuentra ya en un estado alarmante de agonía provocado por quienes están llamados a salvarla pero que eligen condenarla a una educación “de segunda”. Las administraciones públicas tienen la obligación de salvaguardar y proteger la calidad y dignidad que se merece la educación pública.

Por tanto, la tan aclamada libertad de elección, si lo que provoca es un modelo educativo desigual y segregador, no debe ser amparado por las administraciones públicas, máxime cuando la familia que quiera, ejerciendo su “libertad de elección”, puede matricular a sus hijos e hijas en aquellos otros centros al margen de la red pública, si es que esta no le convence, eso sí, pagándola de su bolsillo. Incluso conviene no olvidar que, tal y como está establecido en el ordenamiento jurídico del sistema público educativo, se garantiza “la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”, pudiendo elegir las familias la formación religiosa que estimen conveniente, por lo que esta cuestión no es lo determinante.

Por una escuela digna de calidad de todos/as que nos permita acceder por igualdad a las mismas oportunidades, ¿Dónde está el problema?

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