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Macarena Neva (Tribuna libre).- La nueva Ley de Educación, LOMLOE, o más conocida como “Ley Celaá” tiene enfadado a todo el empresariado que hace negocio con la educación y que se enriquece a costa del dinero público. La aprobación de la ley, que aún tiene que ir al Senado, está provocando las protestas de quienes viven de los conciertos animando a los usuarios a sumarse a estas protestas, y en nuestra localidad estas protestas están siendo respaldadas por miembros de nuestro gobierno municipal.

El apoyo de estas convocatorias por parte de representantes políticos públicos es bastante lamentable, pero lo que resulta del todo intolerable es que se apoyen en la difamación y en la mentira para justificarlo, y esto es lo que hace, por ejemplo, el Sr. Bello.

El secretario general del PP portuense, el Sr. Bello miente y manipula a la población con una demagogia perversa cuando afirma que la Ley en cuestión «supone un ataque directo a la educación concertada» o cuando dice que al alumnado de la concertada se le “denigra” o “ataca” por asistir a un colegio concertado. Sr Bello, eso que usted dice a modo de arenga para enardecer o levantar los ánimos de la protesta de manera interesada es bastante ruin. Ni la escuela privada concertada está siendo atacada ni el alumnado matriculado en ella es denigrado: Usted miente. Igual que miente el Sr. Beardo al afirmar que esta ley nace “para acabar con los centros concertados y con los centros de educación especial”, haciendo coro con este mensaje tendencioso a los que van repitiendo esa especie de mantra. Ustedes, señores del gobierno municipal, ¡faltan a la verdad de forma interesada!



La “Ley Celaá” contiene algunos cambios que a ustedes le gustarán más o menos, pero, en lo que a la enseñanza privada concertada se refiere, debería saber que en su articulado sigue siendo reconocida. No puede leerse ningún gesto que haga pensar que se va a revertir la política de los conciertos, o que se va a avanzar en la laicidad del sistema educativo. La doble red de enseñanza pública y privada financiada con fondos públicos o la ausencia de aspiraciones laicistas, sigue siendo una realidad, no tiene usted que preocuparse; más bien podría incluso alegrarse, pues el gobierno anuncia un aumento del 5’62% en el precio que paga por cada módulo concertado. Y, además, ofertar la asignatura de religión católica seguirá siendo obligatorio. ¿Ataque de qué? ¿Ataque a quién?

Eso sí, la ley viene a poner un poquito de orden en la manera en que debe llevarse a cabo estos conciertos. Si los conciertos van a servirse del dinero público es de obligado cumplimiento velar para que ese dinero responda a criterios de rigor y de esta forma recordarles, por ejemplo, la ilegalidad de cobrar cuotas que se “venden” como “voluntarias”, pero que en realidad son “obligatorias” y que sumados a los costes de uniformes hacen que en realidad sus colegios sean aptos solo para familias de según qué economías; resultando que, al final, en los centros públicos se aglutina un perfil de alumnado segregado que hace que la educación en dichos centros sea más complicada y las familias decidan en su ejercicio de “libertad de elección” inclinarse por un centro donde el clima se presuponga más favorable para la enseñanza. Conviene recordar que el 33% de los estudiantes de la pública provienen de entornos socio-económicos humildes, mientras que en los privados y concertados, solo es el 7,5%; o que la presencia de alumnado de familias migrantes es del 10% en la pública, frente al 4,9% en la concertada.  Saquen conclusiones.

Si usted entiende que el ataque a la escuela concertada está en impedir la cesión de suelo público para la construcción de sus negocios educativos, entonces habrá que recordarle la necesidad de impedir prácticas corruptas como las que llevan a cabo sus colegas de partido en Madrid ¿Le suena el nombre de Francisco Granado? ¿Le suena la cifra de 900.000 euros? Era la cifra que cobraba como soborno su camarada político madrileño del PP a cambio de ceder suelo público para la construcción de centros educativos concertados.

La ley también viene a paralizar un poco esa carrerilla que os ponía (a Vds., defensores de la escuela privada concertada) en clara ventaja a la hora de determinar el cierre de unidades. Da la casualidad que el cerrojo siempre se venía a colocar en los centros públicos mientras que en los concertados, no solo las unidades no han disminuido, sino que curiosamente no han dejado de crecer. Le voy a facilitar un dato que no sé si es que desconoce o tal vez usted de manera intencionada trata de ocultar. En Andalucía se han cerrado ya 413 unidades en centros públicos, 149 de ellas en Cádiz. ¿Cuál es el número de unidades cerradas en la escuela concertada?… 0, cero. 



En el centro de nuestra ciudad se cerraron todos los centros públicos que había para dejarle el negocio abierto y fácil a los conciertos. De la misma forma, hace poco habéis querido hacer lo mismo con el colegio público infantil «El Vaporcito», declararlo en ruina y acabar con el poco servicio público que aún queda en el centro de nuestra ciudad. ¿Es así como gobernáis para todos, como tanto os jactáis?

Respecto a la libertad de elección, me gustaría recordarle que es un derecho al que no han tenido acceso los centenares de familias que se han visto obligadas a abandonar los centros públicos en los que venían recibiendo enseñanza sus hijos ante el cierre de sus unidades, y para más «inri», muchas de ellas obligadas a matricularse en centros concertados. Cuando acaben sus periplos por los centros educativos por los que andan de visita o de «propaganda», no olviden darse una vuelta por los colegios Poullet, Las Nieves, Sagrado Corazón, La Florida o El Juncal. Todos esos centros han sufrido el zarpazo de los cierres de unidades. No le vi a usted apoyando y defendiendo al derecho de esas familias para continuar en sus centros públicos educativos. Eso se llama hipocresía.

Sr. Bello, defendiendo los conciertos usted fomenta el clasismo y la segregación, usted quiere una escuela mejor para usted y lo suyos, y eso no es libertad, lo que usted defiende son privilegios y esto lo hace sin ningún tipo de pudor al mismo tiempo que la escuela pública se desmantela y deteriora por la falta de recursos. Eso se llama egoísmo.

Tenga en cuenta, como conclusión, lo siguiente: La escuela pública, universal y gratuita, es la más inclusiva, pues en ella se trata de proporcionar la cultura, la ciencia, el conocimiento y los valores democráticos necesarios para ofrecer a nuestros hijos e hijas las mismas oportunidades para triunfar en la vida. ¿Dónde ve usted el problema para rechazarla y no quererla?

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