El Puerto Global.
EL PUERTO.- Este miércoles se celebró el Consejo de Administración de la empresa municipal El Puerto Global, en el que se aprobó finalmente la readmisión de Rafael Serrano como gerente de la empresa. Fueron necesarios los votos de PP (3) y Cs (2) para sacar adelante, por 5-4 la aprobación, tras los “no” de PSOE (2), Adelante (1) y Vox (1).
Por su parte, los consejeros socialistas en El Puerto Global, Javier Buendía y Mª. Eugenia Lara, anterior presidenta de la empresa municipal, dejan de manifiesto “las incoherencias de dicha contratación y lo perjudicial que sería para el erario público y el interés general”, a través del siguiente comunicado:
Estamos ante el caso de un gerente, alta dirección y apoderado, al que se le contrata en un mandato anterior del PP por cuatro años, que se prorrogó por otros cuatro, y que se le despide dentro de un plan de ahorro cuando finaliza su contrato (tenía un coste de nómina y seguridad social cercano a los 90.000 euros al año). El trabajador recurre contra el despido, la primera instancia lo confirma y el TSJA lo declara improcedente, ya que considera que no es de alta dirección. La empresa pública El Puerto Global debe entonces optar por la readmisión o la extinción del contrato y decide seguir manteniendo el ahorro y, por tanto, extinguir el contrato. El coste final con indemnización serían unos 70.000 euros.
Ahora, el PP con Ciudadanos quiere volver a contratarlo, deciden pagar todos los salarios de tramitación y cuotas a la seguridad social desde el despido hasta hoy, y vuelve ese puesto a tener un coste cercano a los 90.000 euros al año. Previsiblemente 340.000 euros en este mandato del PP, y ya fijo para siempre.
Se ha aportado a los consejeros un informe jurídico que no se ha pedido al abogado que lleva el recurso y ni siquiera le han convocado al consejo de administración. Éste hace un informe en base a una propuesta de transacción de la que no se nos da traslado. No obstante, la propuesta de transacción realizada por el despedido parece ser que es que no se le indemnice por el despido, que ya había acordado esta empresa hace más de un año y se ha consignado, sino que se le readmita, se le paguen los salarios de tramitación desde el despido hasta el día de hoy, que se calculan en unos 190.000 euros, se abonen las cuotas de la seguridad social de ese periodo (que aunque no lo cita el informe serían unos 45.000 euros) con un coste total de unos 235.000 euros, y se le reintegre a su puesto con el salario que tenía antes, igual al de un ministro y mucho mayor que el del propio alcalde de El Puerto (unos 5.000 euros mensuales, catorce pagas, que junto a la cuota de la seguridad social supone aproximadamente un coste para la empresa de unos 90.000 euros al año). Esa cantidad no está prevista en el presupuesto de la empresa. Es decir, el acuerdo consiste en que se le dé todo lo que pide. Estamos, irónicamente hablando, ante un modelo de “acuerdo transaccional”: Uno no cede nada y el otro lo da todo.
La gran “ventaja”, según el informe jurídico, es que, después de pagar todo eso, se puede solicitar del Estado la devolución de los salarios de tramitación y cuotas de seguridad social desde los noventa días hábiles hasta la sentencia.
Parece olvidar el informe que la empresa ya optó en su día por el despido, y que la indemnización ya está consignada, luego no habría que desembolsar dicha cantidad. Además, dado que ya se optó en su día por la extinción del contrato y el abono de la indemnización, el Estado podría perfectamente denegar el pago de los salarios de tramitación y cuota de la seguridad social desde que se le notificó al despedido, en plazo legal, la no readmisión.
Además, ¿acaso el dinero del Estado y de la Seguridad Social no sale también de nuestros bolsillos? Al final, el gasto de dinero público para readmitir a este señor es de unos 235.000 euros de fondos públicos, lo pague directamente El Puerto Global, el Ayuntamiento de El Puerto o el Estado. Y hay quien todavía dice que gastar todo ese dinero es mejor que abonar la indemnización que por todos los conceptos no llega a la tercera parte, 70.000 euros, que ya han sido abonados o consignados. ¿Quién puede seguir afirmando que pagar con fondos públicos 235.000 euros es más beneficioso que pagar 70.000? De seguro alguien que no defiende lo público ni el interés general.
Pero hay otra perversión más en la “transacción”. El hecho de readmitir en el puesto de gerente, que los propios trabajadores han calificado de innecesario, ya que el trabajo se ha repartido perfectamente, supone un incremento de gasto anual de unos 90.000 euros, que solo en los próximos cuatro años será un coste de 360.000 euros. Ese dinero no está en los presupuestos. Ese importe habrá que incrementarlo en el presupuesto o habrá que reducir gastos por el mismo importe.
Por si no fuera suficiente, al comenzar el consejo en el día de hoy, se nos comunica que en la carpeta que se nos entrega hay un informe de la Interventora Municipal (realizado el 2 de agosto y no entregado hasta el comienzo de la reunión) donde expone claramente que El Puerto Global superaría el límite de la regla de gasto y debe adoptar medidas para reducir el nivel de gasto, además de que el incumplimiento de las medidas de los Planes de Ajuste está calificado como una infracción muy grave en materia económica financiera, y que el aumento de los gastos de la empresa será informado negativamente por esta Intervención.
Por tanto, no es que no solo no se produzca ahorro, sino que se ocasiona un gasto innecesario, y en consecuencia un perjuicio económico evaluable para la Administración, de la que esta empresa es un medio propio. Y a los efectos que procedan, el coste de dinero público que supone anular el acuerdo anterior de abonar la indemnización por despido, de 70.000 euros, y el de la readmisión, de 235.000, asciende a 165.000, que es el DAÑO que se produce al erario público con la adopción de este acuerdo, más el sueldo del trabajador de cerca de 90.000 € durante el transcurso de los años. ¿De dónde va a salir este dinero si no está presupuestado?
Por último, El Puerto Global, como Empresa Pública, debe actuar bajo el principio de Interés General, que no se aprecia en esta propuesta, de la que se deduce sola y exclusivamente un interés particular del despedido, que sospechosamente coincide con el interés particular, que no general, del Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos.
Por todo ello, no hemos podido sino votar en contra de la readmisión y anunciar que procederemos a la investigación y posible denuncia de la misma.
