Los trabajadores de los cuatro chiringuitos de Puerto Sherry han difundido un comunicado en el que piden una solución que evite el posible cierre de los establecimientos, previsto para el próximo día 7, y reclaman que su situación sea tenida en cuenta por las administraciones, las empresas y el resto de las partes implicadas. El cierre podría poner en riesgo más de 300 empleos directos y elevar a más de 600 el número total de puestos afectados, contando los indirectos y temporales.

La plantilla centra su mensaje en el impacto humano que tendría el cese de la actividad. En el escrito recuerdan que entre los empleados hay estudiantes que financian sus estudios con el trabajo de verano, padres y madres que mantienen a sus familias y personas que deben afrontar alquileres, hipotecas y otros gastos habituales.

“Detrás de cada puesto de trabajo hay una historia”, señalan los trabajadores, que defienden que el debate no debe limitarse a cifras, expedientes o licencias, sino contemplar también la situación de las personas que dependen directamente de estos empleos.

El colectivo reconoce que existen cuestiones administrativas, legales, medioambientales y de convivencia que deben resolverse. Asegura que no pretende ignorar estos asuntos ni enfrentarse a ninguna de las partes, pero solicita que el coste laboral y familiar sea valorado mientras se buscan posibles alternativas.

Trabajadores de Margarita que se quedan en el paro con el cierre en Puerto Sherry.

Los trabajadores sostienen además que un cierre tendría consecuencias más allá de las propias plantillas. Según exponen, una reducción de la actividad podría repercutir sobre proveedores, distribuidores, taxistas, empresas de mantenimiento, comercios, establecimientos hosteleros y alojamientos turísticos de El Puerto.

En su comunicado, lamentan que hasta ahora se haya hablado principalmente de licencias, denuncias, expedientes y normativa, mientras que la voz de los empleados ha quedado, a su juicio, en un segundo plano. Por ello, reclaman participar en un proceso de diálogo entre todas las partes implicadas.

Concentración.

La plantilla asegura que no pide privilegios ni excepciones al cumplimiento de la legalidad, sino responsabilidad y voluntad para encontrar una salida que permita compatibilizar las obligaciones normativas con la protección de los puestos de trabajo.

El escrito concluye pidiendo que se agoten todas las vías antes de que se produzca el posible cierre. “Detrás de cada cierre hay personas”, remarcan los trabajadores, que confían en que todavía pueda alcanzarse una solución antes de la fecha anunciada.