Un funcionario del centro penitenciario Puerto 2 ha resultado herido tras sufrir una agresión directa por parte de un interno, en un nuevo episodio que vuelve a situar en el foco la seguridad en las prisiones. Los hechos ocurrieron cuando el recluso era trasladado al Módulo 1 y, de forma repentina, propinó dos puñetazos al trabajador, derribándolo y causándole lesiones en el rostro. El funcionario tuvo que ser atendido en la enfermería del propio centro.
Según han denunciado los sindicatos Acaip y UGT, el interno implicado se encuentra en tratamiento psiquiátrico y ya había protagonizado incidentes en distintos módulos. Para estas organizaciones, este suceso confirma una tendencia que consideran estructural: el aumento de internos con patologías mentales sin que existan los recursos adecuados para su atención.
En este sentido, advierten de que más del 30% de la población reclusa presenta problemas de salud mental, mientras que en Instituciones Penitenciarias más del 70% de las plazas de médicos están vacantes.
Los sindicatos sostienen que esta situación genera un escenario de alto riesgo tanto para internos como para trabajadores, que afrontan incidentes graves sin personal sanitario suficiente ni formación especializada. Además, critican que las actuales Relaciones de Puestos de Trabajo están desfasadas y no responden a la realidad actual del sistema penitenciario, con perfiles cada vez más complejos.
Otro de los puntos señalados es la falta de formación en defensa personal y la ausencia de reconocimiento como agentes de la autoridad para los funcionarios de prisiones, lo que —según denuncian— debilita su protección jurídica frente a agresiones.
Por su parte, el sindicato CSIF ha solicitado que el interno agresor sea clasificado en primer grado, el régimen más restrictivo previsto para reclusos de especial peligrosidad.
Desde esta organización también critican lo que califican como una política de “buenismo” hacia internos conflictivos, que —afirman— estaría favoreciendo la repetición de incidentes violentos. Asimismo, reclaman más personal, mejores medios materiales y cambios en los protocolos para gestionar a reclusos con antecedentes agresivos.
Los sindicatos coinciden en exigir una reforma urgente del sistema, incluyendo la cobertura de plazas médicas, mayor protección legal para los trabajadores y el desarrollo efectivo del traspaso de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas.
El funcionario agredido se recupera de las lesiones, mientras las organizaciones sindicales insisten en que este tipo de episodios evidencian una situación estructural no resuelta dentro del sistema penitenciario.
