Con relación a la nota de prensa emitida por Ángel M. González, en nombre del PSOE, y publicada por diversos medios, con el título “El PSOE exige a Beardo que revise el pliego de Ayuda a Domicilio” de fecha 18/08/2023, la presidenta de la concesionaria del servicio de ayuda a domicilio, Trinidad Domínguez, ha emitido el siguiente comunicado:
Que el comité de empresa no se ha reunido con el concejal del PSOE Ángel M. González para hablar del pliego de condiciones de ayuda a domicilio.
Que el Sindicato de Contratas y Servicios Públicos no pertenece al comité de empresa de ayuda a domicilio, ni representa a las trabajadoras y trabajadores del servicio, ya que no se presentó a las elecciones sindicales, ni tiene representación alguna.
Que el comité de empresa ha estado en todo momento en contacto con el Ayuntamiento para el seguimiento de la elaboración del pliego de condiciones hasta su publicación, y el mismo reúne todas las condiciones para cumplir con los trabajadores y trabajadoras y para dar un servicio eficiente a los usuarios.
Que la Concejala de Bienestar Social siempre ha atendido a las llamadas realizadas por parte del comité de empresa.
Que no es cierto que se haya eliminado el plus tóxico a varias trabajadoras en el actual pliego. El motivo de que no esté incluido es responsabilidad de la delegada de UGT, que es una de las trabajadoras que tienen dicho plus a su favor, y que se comprometió a presentarlo personalmente en el área de bienestar social y no lo hizo. Como consecuencia de su irresponsabilidad, ahora justifica la misma arremetiendo contra el ayuntamiento y el pliego aprobado. Esta actitud irresponsable solo puede llevar a que las empresas que se han presentado a la licitación del servicio se echen atrás y quede desierto el mismo, quedando retrasada la entrada en vigor de las 35 horas semanales con la adjudicación del nuevo pliego, y por tanto perjudicar a toda la plantilla.
Tachar de irresponsable a Ángel M. González, que no se ha puesto en contacto con el comité para contrastar la noticia, y va a ser el culpable del perjuicio que se pueda causar al servicio por la divulgación de una noticia falsa.