El portavoz del grupo municipal del PP de El Puerto, Javier Bello, ha señalado que la formación elevará al pleno ordinario del mes, que tiene lugar este miércoles 16, una moción que quiere “garantizar la existencia y la gratuidad del centro de educación especial Mercedes Carbó y de los centros de educación concertada Nuestra Señora de la Merced, Espíritu Santo, La Salle – Santa Natalia, Luisa de Marillac, Nuestra Señora de Lourdes, Sagrado Corazón (Carmelitas) y Escuelas Profesionales Sagrada Familia, así como de los centros públicos con aula de educación especial (CEIP Cristóbal Colón y Valdelagrana e IES Pedro Muñoz Seca), tanto en la red pública como privada como elementos importantes de un modelo educativo especializado y plural que permita elegir a las familias la opción más adecuada a sus intereses y necesidades”.
Bello ha indicado que la propuesta de acuerdo insta al Gobierno de España, ante la tramitación de la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación, LOMLOE, conocida como “ley Celaá”, “a volver al pacto constitucional en materia educativa y respetar la doctrina constitucional en sus diferentes sentencias, que garantizan el derecho de las familias a elegir el modelo educativo y el centro donde escolarizar a sus hijos, así como la presencia en el sistema educativo de los centros de enseñanza diferenciada como una opción pedagógica más a las que las familias tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad”.
El portavoz del grupo municipal del PP portuense detalla que la propuesta de acuerdo “solicita al pleno que el Gobierno central respete y cumpla el artículo 27.3 de la Constitución, que obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”, apuntando que también incluye “adoptar las medidas oportunas para que la enseñanza de la lengua castellana y las lenguas cooficiales no sea fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación y extender la gratuidad a las etapas post obligatorias (Bachillerato y Formación Profesional), configurando la etapa de educación infantil de 0 a 3 años como voluntaria y gratuita, garantizando que ningún alumno se quede sin escolarizar por razones socioeconómicas”.
La moción popular solicita que se incorporen las medidas de calidad y excelencia referentes en los países de nuestro entorno, se respeten los cuerpos nacionales del profesorado, se implanten aquellas medidas que incrementen la cohesión y vertebración del sistema educativo y garanticen la igualdad de oportunidades y se avance hacia la modernización y transformación del sistema educativo. Por último, la propuesta de acuerdo solicita el apoyo al recurso de inconstitucionalidad anunciado por el PP contra la Ley.
El portavoz del grupo municipal popular afirma que la conocida como “ley Celaá”, en referencia a la titular del Ministerio de Educación, Isabel Celaá, ha sido tramitada por el Gobierno de España “de espaldas a la comunidad educativa en particular y a la sociedad española en general”, y considera que su articulado representa “la imposición de un modelo caduco, antiguo y superado, como es el de la LOE de Zapatero, que ya condujo a nuestro país a tasas de abandono educativo temprano cercanas al 30%”.
