Manifestación por el derecho a la vivienda, con pancartas que reclaman medidas sobre alquileres y acceso a una vivienda digna.
El actual revuelo, que sobre todo parece eclipsar al gran problema de Ceuta, y sobre el que nada parece que se piensa hacer por parte de quien debe hacerlo, viene a poner de manifiesto lo vulnerable y frágil que es la conciencia de las personas manipulables.
Nadie niega que el derecho a una vivienda digna sea una prioridad. De hecho, tras la guerra —y me refiero a esa en la que ahora parece que todos participamos, y a sus motivos—, uno de los principales problemas fue precisamente ese: la vivienda.
No solo se construyeron viviendas a través de patronatos privados y estatales, sino que también se financiaban mediante bancos intervenidos. Y quienes, aun así, no podían acceder a ellas contaban con leyes —no como la Constitución, sino de aplicación directa— destinadas a conseguir un equilibrio entre propiedad e inquilino, con contratos indefinidos, subidas controladas y una especificación de quién debía asumir el mantenimiento de la propiedad.
Se quiso evitar que nadie se aprovechase de las consecuencias de una guerra fratricida. Supongo que no siempre se conseguiría impedir que alguno sacara tajada, pero se evitó especular con lo que entonces no era un derecho vacío y hueco, sino una verdadera necesidad esencial para mantener la paz.
Hoy, el problema tiene la misma solución y, sin embargo, existe escaso compromiso. Claro que la vivienda es un derecho, y para eso está el Estado: para garantizar que ese derecho sea efectivo. Para eso pagamos impuestos, para que con ellos se pueda equilibrar la situación de quienes no pueden llegar a cubrir sus necesidades, entre ellas, la vivienda.
Sin embargo, quienes ahora gobiernan y tienen capacidad para actuar, en lugar de solucionar el problema, generan más problemas. Los últimos decretos que no se han aprobado han dado, a mi juicio, un giro de tuerca al cinismo más absoluto. Dos decretos que, en lugar de hacer que el Estado garantice nuestro bienestar, generan inseguridad jurídica y miedo.
No es sencillo, pero hay prioridades, y las prioridades de este Gobierno se dejan ver incluso en la propia acampada de Sol. Allí no había inmigrantes porque, según entiendo, todos tienen garantizado su derecho a una vivienda digna a cargo del Estado, que pretende hacer leyes para garantizar que los españoles tengan ese derecho a costa de los mismos que, con sus impuestos, garantizan el derecho de los inmigrantes.
Es tan ridículo que ya da asco, sobre todo que un derecho que nadie niega le sirva a este Gobierno para alentar una revuelta contra quienes no gobiernan por algo que ellos mismos no quieren hacer.
Kafka se volvería loco.
