El Centro Penitenciario de Puerto II se quedará con un único médico mientras afronta el cierre progresivo de varios módulos por obras, una circunstancia que elevará la sobreocupación por encima del 72%, según ha denunciado ACAIP-UGT.
La organización sindical asegura que la prisión dispone actualmente de un solo facultativo, pese a que su Relación de Puestos de Trabajo contempla nueve plazas médicas. A comienzos de año todavía prestaban servicio tres profesionales, pero las jubilaciones y los traslados han reducido aún más una plantilla que ya era insuficiente.
La Administración ha recurrido a la contratación de un médico externo que acude esporádicamente al establecimiento. Para ACAIP-UGT, esta medida no garantiza una asistencia sanitaria adecuada y continuada para una población penitenciaria que, según los datos facilitados por el sindicato, alcanza actualmente los 432 internos.
La organización advierte de que la falta de médicos no afecta únicamente a la atención sanitaria, sino también al funcionamiento y la seguridad de la prisión. El Reglamento Penitenciario establece que los internos deben ser examinados por un facultativo durante las primeras 24 horas desde su ingreso, mientras que determinadas medidas de aislamiento requieren informe, reconocimiento y seguimiento médico.
En concreto, el artículo 214 del Reglamento Penitenciario establece que todos los internos deben ser examinados por un médico durante las primeras 24 horas desde su entrada en el establecimiento. Asimismo, el artículo 43 de la Ley Orgánica General Penitenciaria dispone que las sanciones de aislamiento deben cumplirse con informe médico y vigilancia diaria del estado físico y mental del interno.
ACAIP-UGT sostiene que la ausencia de facultativos puede llegar a condicionar la aplicación de medidas sobre internos conflictivos. Según el sindicato, ante un incidente grave, la falta de atención médica dificulta la adopción del aislamiento provisional y el cumplimiento de sanciones de aislamiento en celda.
La situación de Puerto II se enmarca, según la organización, en una crisis estructural de la sanidad penitenciaria. ACAIP-UGT señala, basándose en datos de Transparencia correspondientes a julio de 2026, que más del 76% de las plazas médicas de las prisiones españolas permanecen vacantes. También recuerda las advertencias realizadas por el Defensor del Pueblo sobre la insuficiencia de las plantillas sanitarias en numerosos establecimientos.
A la falta de médicos se suma ahora el cierre paulatino de módulos para acometer una obra de importancia en el centro penitenciario. Los departamentos afectados irán cerrando y reabriendo progresivamente, lo que reducirá temporalmente la capacidad disponible y obligará a redistribuir a la población reclusa.
Según los cálculos ofrecidos por ACAIP-UGT, los módulos residenciales pasarán de contar con 318 celdas disponibles a solo 236. Esta reducción elevará la sobreocupación por encima del 72% y puede incrementar, a juicio del sindicato, el hacinamiento, la tensión y la conflictividad dentro de la prisión.
El centro alberga actualmente 432 internos, frente a los 405 contabilizados a comienzos del pasado año. La organización recuerda que 2026 comenzó con una sobreocupación del 56,29% y prevé que el ejercicio termine superando el 72% como consecuencia del cierre de módulos.
Ante esta situación, ACAIP-UGT reclama la cobertura urgente de las plazas médicas vacantes y la reducción de la población reclusa mediante traslados a otros centros antes del comienzo de las obras. El sindicato considera que mantener un único facultativo resulta incompatible con una asistencia adecuada y con el normal funcionamiento del establecimiento.
La organización exige igualmente que se complete el traspaso de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas. Esta integración está contemplada en la disposición adicional sexta de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, pero continúa pendiente en Andalucía.
