Revolcón al denominado caso del supuesto blanqueo. Según el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz al que ha tenido acceso El Puerto Actualidad, los contratos de patrocinio de PAL SUR Festival deben continuar al quedar acreditada la legalidad de su tramitación.
Hay ocasiones en las que la política confunde la oposición con el linchamiento. Cuando eso ocurre, el debate deja de girar en torno a los hechos y pasa a alimentarse de titulares, sospechas e intereses partidistas. Es entonces cuando el Estado de Derecho demuestra por qué constituye la mejor garantía de nuestra democracia: porque son los jueces, y no las estrategias políticas, quienes deciden conforme a la ley.
Eso es lo que ha empezado a suceder con el denominado caso del patrocinio del circuito PAL SUR Festival. Durante semanas se ha querido construir un relato dirigido no solo contra un contrato administrativo, sino también contra la figura del alcalde de El Puerto, Germán Beardo. Se ha intentado instalar la idea de que existían irregularidades antes incluso de que un tribunal pudiera pronunciarse, tratando de manchar de manera lamentable su imagen pública.
La respuesta judicial ha sido clara. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz ha acordado, con carácter cautelarísimo, dejar sin efecto la suspensión prudencial decretada por la Diputación Provincial y levantar provisionalmente la paralización del contrato de patrocinio.
La resolución aprecia una situación de especial urgencia y considera que mantener la suspensión podía ocasionar perjuicios importantes a la empresa adjudicataria, a los artistas, a los proveedores, a los trabajadores y a las miles de personas que esperaban la celebración de los festivales. Unos eventos amparados por un contrato plenamente legal, respaldado por informes técnicos y jurídicos y fiscalizado por la Intervención.
Quienes durante días presentaron la suspensión del contrato como una verdad incuestionable deberían explicar ahora por qué un juez considera que, al menos de forma provisional, debe prevalecer el normal funcionamiento del contrato. Resulta especialmente significativo que el órgano judicial no haya apreciado motivos para mantener una paralización inmediata y haya optado por restablecer su eficacia.
No todo vale
Este episodio debería servir para una reflexión más profunda. En democracia no todo vale. La presunción de legalidad de los actos administrativos y las garantías procesales existen para proteger a las instituciones, a las empresas y a los ciudadanos frente a decisiones precipitadas.
Convertir cualquier actuación administrativa en una causa política antes de que hablen los tribunales no fortalece las instituciones; las debilita. Tampoco contribuye al debate público utilizar sospechas todavía no acreditadas para erosionar la imagen de responsables políticos y trasladar a la ciudadanía una condena anticipada.
Porque, al final, más tarde o más temprano, la Justicia termina poniendo cada cosa en su sitio. Y quienes han intentado ganar en el terreno de la propaganda acaban teniendo que responder en el terreno de la Justicia.
