El caso del parking de Pozos Dulces ha sido, durante años, una herida abierta en el corazón urbanístico de El Puerto de Santa María. Lo que prometía ser un proyecto de modernización, funcionalidad y orden acabó convertido en un símbolo de bloqueo institucional, intereses cruzados y decisiones difíciles de justificar.
Este martes, las responsabilidades comenzaron a perfilarse. El exalcalde socialista David de la Encina ha declarado como investigado en el Juzgado de Primera Instancia nº5, que instruye la causa por la paralización y fracaso del aparcamiento. Acudió acompañado de su abogada y, según ha podido conocer este medio, con visibles signos de nerviosismo y únicamente contestando a las preguntas de la Fiscalía.
De la Encina a su llegada a los Juzgados, siendo escoltado por su abogada. / P.P.M
La querella fue interpuesta por la empresa adjudicataria de la obra, Gyocivil, que acusa a De la Encina y a varios consejeros de Impulsa Aparca —entre ellos Silvia Valera y Francisco Manuel Lara Fernández (padre de la actual concejala del PSOE, María Eugenia Lara)— de haber saboteado el proyecto desde dentro. El escrito detalla posibles delitos de prevaricación, malversación, fraude a la administración, apropiación indebida y administración desleal.
Sin embargo, más allá de los tecnicismos jurídicos, lo que está en juego es algo más profundo: el precio de la irresponsabilidad institucional. El informe apunta a un periodo muy concreto: 2015-2019, bajo el mandato del tripartito PSOE-IU-Levantemos, donde muchas decisiones parecen haber tenido como único objetivo entorpecer deliberadamente un proyecto que ya estaba en marcha.
Tras años de abandono, promesas rotas y titulares vacíos, el actual alcalde, Germán Beardo, optó por una salida digna: la cubierta de Pozos Dulces, una obra modesta, sí, pero funcional y real, que puso fin a un problema enquistado durante casi una década. Tarde, pero llegó.
Ahora, los protagonistas de aquel presunto bloqueo están siendo llamados a rendir cuentas. No sólo ante la justicia, sino también ante una ciudadanía agotada de ver cómo los proyectos estratégicos de ciudad se estrellan contra muros invisibles: luchas partidistas, agendas personales y negligencias camufladas de ideología.
Estado de Pozos Dulces en 2017, ya con De la Encina y el tripartito gobernando. / EA
Conviene recordar que, en las elecciones municipales de 2015, a pesar de que el PP fue la lista más votada, Alfonso Candón perdió la Alcaldía tras el pacto de gobierno entre PSOE, IU y Levantemos, que otorgó el bastón de mando a De la Encina. Un acuerdo definido como “social y progresista”, con un claro eslogan electoral: “No a los parkings”. No sorprendió a nadie que aquel pacto terminara estallando: primero con la expulsión de Levantemos, luego con la salida de Izquierda Unida, dejando al PSOE gobernando en solitario con tan solo cinco concejales y una gestión ampliamente cuestionada.
Desde algunos sectores politizados se intenta aún hoy justificar el colapso del proyecto señalando los retrasos iniciales en la concesión de la licencia durante el mandato de Candón. El mantra es el consabido: "Los parkings debieron inaugurarse por el PP en mayo de 2015", por lo que De la Encina y sus socios no tendrían responsabilidad. Sin embargo, la premisa es falsa, ya que estos retrasos se produjeron conforme a las novaciones del contrato, dentro de la legalidad y en los márgenes razonables que cualquier gran obra puede experimentar en cualquier ayuntamiento de España. Atrasos indeseables, pero comunes, especialmente en una inversión de más de 24 millones de euros. [De la Encina, el "No a los Parkings" y el nuevo "mantra" del PSOE con Pozos Dulces]
Javier Botella en 2015 haciendo campaña contra los parkings, enfundado en su camiseta de "No a los Parkings" de la mano de Levantemos y el círculo de Podemos que le llevó a ser concejal de Economía y Hacienda. Años después, tras salirse de Levantemos por "discrepancias políticas", cambió de idea y se embarcó en Unión Portuense ya sí a favor del parking de Pozos Dulces. / EA
Por tanto, utilizar esos retrasos como coartada política —como hacen De la Encina y Francisco Lara junto a lo que queda de aquel fallido tripartito, incluido Javier Botella— para eludir responsabilidades legales ante la actual demanda millonaria, resulta insostenible. Ninguna ilegalidad se cometió por parte del anterior equipo del PP, ni se generó perjuicio económico alguno a la constructora, según afirman los propios denunciantes y los gestores de los fondos europeos involucrados en el proyecto.
Finalmente, según la querella, el parking de Pozos Dulces se volvió inviable, no por problemas técnicos ni financieros, sino por los supuestos obstáculos administrativos y políticos colocados durante el mandato del tripartito, con De la Encina como alcalde atado a su promesa electoralista de "No a los parkings", y Botella como socio de gobierno. Fue Beardo quien tuvo que asumir el coste político y técnico de una solución de urgencia que, al menos, ofreciera una salida digna al caos heredado.
Ahora será el juzgado quien determine si existió delito. Pero lo que ya es evidente es que la ciudad pagó con casi una década de estancamiento una factura política que hoy empieza a cobrarse. Y que, de probarse los hechos, David de la Encina y los consejeros implicados podrían responder con su patrimonio personal, y también con penas de prisión.
