El Grupo Municipal del Partido Popular de El Puerto ha presentado al Pleno del Ayuntamiento una moción instando al Gobierno de España a derogar el Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, que regula el nuevo registro obligatorio de viajeros. La propuesta ha sido aprobada en la sesión plenaria, evidenciando la preocupación del consistorio por el impacto negativo de esta normativa en la economía local.
Desde el Partido Popular se ha denunciado que esta medida ha generado un creciente descontento entre los operadores hoteleros, agencias de viajes y empresas de alquiler de vehículos de la localidad. Además, consideran que la normativa vulnera derechos fundamentales de los viajeros y consumidores, tanto nacionales como internacionales, al comprometer la privacidad y la protección de datos personales.
Javier Bello, portavoz del Grupo Popular, explica que “este decreto no solo afecta a los viajeros internacionales, sino también a los ciudadanos españoles que se desplazan por razones laborales o vacacionales, incrementando las complicaciones administrativas y afectando negativamente su experiencia". Asimismo, denuncia que la medida "coloca a nuestras empresas en desventaja respecto a otros países europeos, donde no se imponen barreras de este tipo".
El decreto impone una carga administrativa desproporcionada, obligando a recopilar hasta 80 datos en el caso de las empresas de alquiler de vehículos y más de 40 en los alojamientos turísticos. “Esto no solo dificulta la operativa diaria de las empresas, sino que también vulnera derechos fundamentales como la privacidad y la intimidad de los viajeros”, señala Bello.
Esta regulación exige a las empresas de alojamiento y alquiler de vehículos cumplir con requisitos documentales inasumibles, generando inseguridad jurídica, desventaja competitiva y una carga administrativa excesiva. Además, se destaca que la Comisión Europea ha abierto una investigación sobre la normativa para evaluar una posible vulneración de la legislación europea en materia de protección de datos.
El rechazo a esta normativa ha sido contundente por parte de los principales representantes del sector, quienes han manifestado su preocupación por las graves consecuencias económicas y burocráticas que conlleva. La norma impone obligaciones de registro documental e información para las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor.
La moción aprobada aboga por recuperar los requisitos previos establecidos en la Orden INT/1922/2003, de 3 de julio, sobre libros-registro y partes de entrada de viajeros en establecimientos de hostelería y otros análogos. Esta medida busca garantizar un equilibrio adecuado entre la seguridad, la privacidad y la eficiencia administrativa.
Además, el PP ha solicitado reducir los trámites administrativos innecesarios que perjudican al sector turístico, con el objetivo de reforzar su competitividad y garantizar la seguridad jurídica a largo plazo. También exige al Gobierno central que establezca canales de diálogo con los principales afectados por esta medida: los operadores hoteleros, agencias de viajes y empresas de alquiler de vehículos. Finalmente, reclama que se aceleren las modificaciones necesarias para minimizar el impacto negativo en la principal industria de la ciudad y garantizar un marco normativo justo y eficiente para el sector turístico.
