La juez decana del partido judicial de El Puerto de Santa María y titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 4, Matilde Domínguez González, explica a El Puerto Actualidad las necesidades actuales de los juzgados y funcionarios públicos pertenecientes a los mismos en la ciudad. En primer lugar, y debido a la carga de trabajo actual, considera que “serían necesarios dos juzgados, al menos, casi tres, que sería lo ideal, porque permitiría una separación de jurisdicciones”.
En la actualidad, la ciudad cuenta con cinco juzgados de Primera Instancia e Instrucción y dos de Vigilancia Penitenciaria, y por lo que plantea Domínguez, se deberían poner en marcha, para el buen funcionamiento del servicio judicial, siete u ocho.
Es una realidad que la situación de los juzgados portuenses es de desbordamiento absoluto. “Efectivamente. Desde al menos 2018 se viene reiterando en la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la necesidad, en el partido judicial de El Puerto, de un aumento de las plazas judiciales”, conviniendo que “esto último es literal en la memoria”.
Se trata de una situación que viene provocada por las cargas de trabajo que asumen los juzgados en la actualidad. La decana judicial portuense apunta que “las cargas de trabajo referenciales son unos criterios estimados, teóricos, orientativos, de lo que un juzgado puede soportar para dar una respuesta en un plazo sensato y para dar un servicio ágil y eficaz al ciudadano”. Por tanto, esas cargas, establecidas por el Consejo General del Poder Judicial, están en “1.680 asuntos anuales. En 2022 ingresan en El Puerto, en el total de los cinco juzgados, 11.672 asuntos, lo que supone que cada juzgado asume 2.334 asuntos, o sea, un 28% más de lo que corresponde”. Por tanto, Matilde Domínguez entiende que “así no se puede. Con un 28% de exceso de asuntos, un órgano más, de entrada, ya surgiría insuficiente. Por tanto, serían necesarios dos, al menos, casi 3”.
Estos datos implican “la imposibilidad de conciliar la vida laboral y familiar, el mantenimiento de una situación permanente de estrés laboral, desánimo, hartazgo y desilusión”, y la titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 4 considera que “parece que a nadie le importa, pero sí importa a la ciudadanía cuando llega y se le señala un juicio a seis meses vista, ocho meses, o un año, y más le importa cuando llega ese día fijado y el juzgado está vacante, porque el titular ha concursado y se ha pedido la sustitución y los órganos competentes en cubrir esa sustitución tardan demasiado”, lamenta.
La consecuencia es que “durante ese tiempo hay cinco juzgados sobrecargados que hacen un 28% más de su trabajo y que además tienen que tirar de otros juzgados. Yo no sé si es razonable que alguna empresa o institución funcione de esa manera. Pero no estamos hablando de ninguna empresa, sino de la administración de justicia, que responde a un derecho fundamental del ciudadano, el derecho a la tutela judicial efectiva”.
Por ello, considera injusto el tópico que define la justicia como lenta. “No es tan lenta, sino que va desbordada de trabajo. Lo que va lento es la coordinación y la dotación de recursos humanos y materiales que hace la administración prestacional”.
Debido a lo expuesto anteriormente, Matilde Domínguez invita a “ciudadanos, abogados y procuradores, a que pongan hojas de quejas, que no se conformen. No es admisible que un ciudadano se vaya del juzgado porque el titular de su juicio está de baja o simplemente no está. ¿Otro año esperando a su juicio?”, pregunta. Además, entiende que la queja es un derecho ciudadano, que hará que la administración superior y responsable de la justicia sea consciente de la situación existente.
Volviendo al hecho de que “siete juzgados sería lo justo, uno más es una urgencia”, la decana también ofrece datos acerca de la población del partido judicial de El Puerto. Recogiendo datos desde 2018, informa de que “dicha población no ha cesado de crecer desde entonces. El ingreso de asuntos en los juzgados se incrementa igualmente”. Sin embargo, “la plantilla de trabajadores permanece inalterada”.
Así, destaca que “en El Puerto hay 48 funcionarios para 11.672 asuntos, cinco letrados de la Administración de Justicia y cinco jueces. La ratio media española de jueces es de 11.5 por cada 100.000 habitantes, es decir, un juez por 8.928 habitantes”. En la ciudad, “con 89.435 habitantes en 2022, hay cinco jueces, con una ratio de un juez por 17.887 habitantes”, lo que hace que las cifras teóricas hasta se dupliquen, suponiendo una importante sobrecarga de trabajo para los funcionarios judiciales actuales.
A este mapa “que estamos dibujando tenemos que sumar que el partido judicial de El Puerto es un municipio peculiar”, debido a que cuenta con “tres centros penitenciarios, con una población reclusa media de 2.800 reclusos, lo que genera trabajo añadido a los órganos judiciales. Supone mucho trabajo”. Además, “no es población reclusa solo de El Puerto, sino que aquí viene a cumplir condena gente de toda España, por lo que hay que hacer notificaciones de todos los juzgados del país”.
Ese trabajo es el que realiza el Servicio común de notificaciones y embargos. Domínguez indica que “este servicio se creó en 2002 con diez funcionarios. Estamos en 2024, han pasado 22 años y sigue habiendo diez funcionarios”. Pero en cambio, como añade, la situación actual no es la misma que entonces. “Cuando se creó había cuatro juzgados mixtos, un juzgado de Vigilancia Penitenciaria y dos centros penitenciarios. En la actualidad hay un juzgado mixto más, un juzgado de Vigilancia Penitenciaria más y un centro penitenciario más, con una media de 1.800 internos a los que hay que notificar”. Por tanto, se pregunta si “es razonable que las administraciones no se paren a pensar qué ocurre en un partido judicial que lleva tanto tiempo sin una actualización de la plantilla, cómo sacan los funcionarios públicos una carga de trabajo que no es la misma que hace 22 años, ni tiene nada que ver con la de entonces”.
Lo peor es que “es una petición que se hace año tras año y que nadie atiende ni oye”, lo que supone más hartazgo y desilusión entre la plantilla actual.
Una posible solución al alto volumen de trabajo que tiene el Servicio común de notificaciones sería crear una oficina que se ubicara en alguno de los tres centros penitenciarios. Confirma que esta situación se ha dado en algunos casos, “coordinándose los ministerios de Justicia e Interior, o con la comunidad autónoma”. Así, apunta que “hacer una especie de oficina delegada en los centros penitenciarios es una cuestión de eficiencia, porque es absurdo tener a una persona yendo y viniendo todos los días con papeles de un lado a otro. Hay suficiente cantidad de trabajo que justifica la creación de esta oficina”, indica a El Puerto Actualidad.
Finalmente, Domínguez González considera que el nuevo edificio que se está habilitando para albergar a los juzgados, es decir, las bodegas El Cortijo, podría acoger la solución al problema actual del servicio. Con todo, lamenta que “las previsiones de puesta en funcionamiento y traslado es una cuestión desconocida oficialmente para el decanato”. Es más, “lo único que conocemos es el proyecto que se presentó, pero no sabemos en qué trámite está. Tengo la información que puede tener cualquier ciudadano, los rumores y la prensa”. Por ello, señala que “si se confirma que el traslado sería a final de 2024, sería cuestión de que las administraciones se coordinen, se creen las plazas judiciales que hacen falta en El Puerto y ese edificio, que ya tiene las infraestructuras previstas para un sexto juzgado, nazca ya con los recursos necesarios”. Sería “imprescindible”, confirma, “pero no sé hasta qué punto se van a coordinar porque crear las plazas judiciales compete a la administración central; dotar las plantillas de funcionarios, a la autonómica; y agilizar las licencias, al Ayuntamiento”.
