Blanca Merino.

El equipo de Gobierno propone al Pleno la aprobación, con carácter inicial, de la modificación de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos y Precios Públicos Locales, en una sesión extraordinaria que tendrá lugar el próximo viernes 27 de noviembre, a las 12.15 horas, de forma telemática.

La teniente de alcalde de Economía, Blanca Merino, reseña que propone la modificación de la Ordenanza en sus artículos 46.1.1 y el 46.5, con los informes favorables de la Tesorería Municipal y del Área de Ordenación y Planificación Urbanística.

La primera modificación permitirá a los inversores, que quieran apostar por desarrollar algún proyecto en la ciudad, que genere riqueza y empleo en El Puerto, fraccionar las cantidades necesarias para financiar la ejecución de los sistemas generales, con el objetivo de que la Administración Local les facilite la ejecución de su actividad y no siga suponiendo un obstáculo en su gestión y viabilidad.



De esta manera, se resuelve según Merino, gracias a esta modificación un problema importante al que se enfrentan los inversores a diario y que impide que muchos de ellos no puedan invertir en la ciudad y descarten El Puerto, huyendo a otros municipios colindantes como Jerez o Sanlúcar donde sí se les dan facilidades en este sentido.

La modificación permitirá el fraccionamiento de las cantidades necesarias para ejecutar los sistemas generales, con el propósito de que sean viables económicamente los procesos de urbanización; sobre todo en aquellos casos en los que la envergadura del proyecto sea una cifra muy elevada y que, por tanto, sería inviable para la gran mayoría de los inversores en un único pago.

Por otro lado, destaca Blanca Merino, la modificación del artículo 46.5 supone la revisión de los tramos generales de los fraccionamientos de las deudas referentes a impuestos de los ciudadanos.

Actualmente se pueden fraccionar hasta en cinco años las deudas de entre 12.000 a 24.000 euros, cuando el mínimo establecido por Ley para presentar una garantía de pago comienza en 30.000 euros, cantidad que se instaurará a partir de ahora en caso de que se apruebe la modificación para contar con esa garantía.