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EL PUERTO.- El equipo de Gobierno volverá a trasladar al Pleno Ordinario de septiembre, que se celebra este jueves, la propuesta de aprobación del estudio de viabilidad económica – financiera de la concesión del Servicio de Transporte Colectivo Urbano de Viajeros; después de que en el pleno extraordinario y monográfico del pasado jueves las cuatro formaciones de la oposición (PSOE, Adelante El Puerto, Vox y Unión Portuense) lo rechazaran.

Millán Alegre insiste en que si este trámite obligatorio no se aprueba no se podrá seguir avanzando en la redacción del pliego para sacar a concurso público el servicio que finaliza el 31 de diciembre y que no puede prorrogarse.

En caso de que, en esta segunda vuelta, señala Millán Alegre, la oposición no apoye al equipo de Gobierno en esta cuestión que es un servicio esencial de la ciudad, “nos veremos obligados a plantear un contrato por menos años que pondrá en riesgo la estabilidad del servicio e incluso el mantenimiento de toda la plantilla”.



El teniente de alcalde espera que los partidos de la oposición reflexionen sobre el bloqueo al estudio, ya que sólo es un trámite previo yuna primera valoración técnica del servicio, que incluye algunas posibles mejoras que se trabajarán junto con otras que surjan de las distintas reuniones que se mantengan en las mesas de trabajo.

Millán Alegre explica que al finalizar el actual contrato y forzosamente con ello terminar la prórroga vigente el próximo 31 de diciembre, para continuar con el servicio de transporte en la ciudad y si el Pleno como órgano de contratación no aprueba este estudio previo, debe tramitarse un nuevo procedimiento de licitación a través de la Junta de Gobierno Local, lo cual limita el tiempo de contrato y el coste del mismo, concretamente por el presupuesto  del contrato el tiempo de duración será de máximo dos años.

En las estimaciones y proyecciones que se han realizado por los servicios municipales más de 300.000 euros se pueden dejar de ingresar por tarifas en 2021, lo cual deberá proveerse en el presupuesto del contrato. Este importante dato, continúa relatando el edil de Medio Ambiente, puede suponer una enorme dificultad a la hora de su financiación por el Ayuntamiento. Por tanto, la concesión de un contrato a diez años podría de algún modo repartir este mayor déficit de una manera más suave, y en futuros años de contrato podría compensarse con la ganancia de nuevos viajeros. Porque de no hacerse así, la otra opción a la que nos tendremos que enfrentar para amortiguar esta pérdida de ingreso será el ajuste de servicios, y recorte de líneas, y por tanto de gastos, dando a su vez una menor cobertura de movilidad a la ciudadanía.

Cabe recordar que en el contrato proyectado a diez años trasladado en el Estudio se plantea la renovación de un total de 17 autobuses, así como la propuesta de que estos fueran más sostenibles ambientalmente,  más todo el capítulo de tecnología de la información al usuario que se incorporaba, como  SAE, app, tecnología abordo, pago por móvil, cámaras de videovigilancia, etc.; que quedarían obviamente anuladas en un contrato de dos años porque la consecuencia negativa en un contrato tan corto como el que puede aprobarse a través de la Junta de Gobierno es la imposibilidad de acometer estas inversiones.

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