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EL PUERTO.- El portavoz de Unión Portuense, Javier Botella, denuncia a través de un comunicado lo que considera un nuevo episodio “en la nefasta gestión de Germán Beardo al frente de la empresa municipal El Puerto Global y el denominado Caso Serrano, la polémica e irregular reincorporación de Rafael Serrano como gerente de la empresa”.

“Hemos descubierto que la solución les ha vuelto a salir mal”

Según Botella “el pasado 12 de mayo el Ministerio de Hacienda remitió un informe declarando como ‘Nulidad radical’ el préstamo que la empresa había solicitado para pagar facturas”. Por ello, entiende que “una vez más El Puerto Global vuelve a ser noticia por una mala gestión del tándem Javier Bello-Rafael Serrano, las personas que Germán Beardo, presidente de la empresa, colocó al frente de su gestión. Esta vez ha sido el propio Ministerio de Hacienda el que ha dejado en ridículo dicha gestión, con la declaración de nulidad radical de un préstamo que la empresa había solicitado como salvoconducto a otra mala gestión previa”.

El origen de la nueva polémica, según explica el portavoz de Unión Portuense, se remonta a finales del pasado mes de febrero, tras convocarse un pleno con la propuesta de aprobación de una serie de facturas con reparos suspensivos por parte de la Intervención municipal por importe de 494.644,66 euros en favor de El Puerto Global. “Dicho expediente fue retirado por el gobierno en el último momento para evitar el debate público y por no contar con apoyos para su aprobación, ya que el gobierno PP-Cs está en minoría y no cuenta con ningún apoyo en todo lo referente al Caso Serrano”, apuntilla Botella. [El Puerto Global justifica que el polémico préstamo era para el pago de las nóminas]



Antes de dicho pleno, recuerda Botella, “desde la oposición (PSOE, Adelante, Vox y Unión Portuense) se solicitó la división de las facturas separando conceptos, así podríamos pagar las facturas correspondientes a los servicios prestados garantizando el pago de nóminas a los trabajadores y paralizar aquellos conceptos con reparos suspensivos que rechazábamos correspondientes al sueldazo del gerente, ya que ni su salario (70.000 euros) ni la indemnización que Beardo le concedió (190.000 euros ) están contemplados en los presupuestos del Ayuntamiento. Pese a que la oposición consideró la opción más funcional, el gobierno no dio su brazo a torcer y sin que el Consejo de Administración o los grupos de la oposición fuesen informados, la empresa prefirió buscar otra solución, solicitar un préstamo con la sociedad Novicap Ltd para ir pagando facturas, y así saltarse la fiscalización del Ayuntamiento”.

Sujeto a la Prudencia Financiera

En este contexto, Botella entiende que “hemos descubierto que la solución les ha vuelto a salir mal, como así se esclarece en el contundente informe que ha remitido el Ministerio de Hacienda. De dicho informe se desprende que El Puerto Global está sujeto al cumplimiento del principio de Prudencia Financiera, un corsé para que las administraciones públicas no se endeuden como antaño con intereses abusivos, y puesto que el préstamo solicitado conllevaba comisión de apertura y estudio, comisión de agencia anual, comisión de uso y lo más importante, un tipo de interés fijo al 5,45%, condiciones que incumplen con creces dicho principio de Prudencia Financiera”.

De esta manera, afirma el portavoz, “se desprende del informe que este tipo de operación precisaba de comunicación previa del Ministerio de Hacienda, la cual no fue emitida, y para rizar el rizo, la empresa Novicap Ltd pertenece al Reino Unido y puesto que el Brexit entró en vigor antes de la concesión del crédito, esta operación también necesitaba de una autorización previa del Ministerio que tampoco se realizó”.

Finalmente, concluye Botella, “todo esto ha supuesto la conclusión final -de Hacienda-, la cual expone literalmente que ‘…el contrato referenciado adolece de nulidad radical, por ello, se requiere la anulación de dicho contrato entre El Puerto Global y la sociedad Novicap Ltd y la remisión del acuerdo de anulación a este Centro Directivo en un plazo máximo de 10 días desde la recepción del presente escrito'”. Por que para Botella es “una nueva evidencia que agranda la incompetencia y la pésima gestión por parte del gerente Rafael Serrano, el presidente del Consejo de Administración Javier Bello y el presidente de la empresa municipal, Germán Beardo”, concluye.

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