Los chiringuitos aseguran que desmontan desde verano pese al ultimátum de demolición
Ban-Ban sostiene que la retirada comenzó en verano tras conocer que no se renovarían las licencias
El Ayuntamiento activó en octubre la ejecución subsidiaria al seguir pendientes los trabajos exigidos
Un trabajador limpiando los restos del último día de apertura de los chiringuitos de Puerto Sherry clausurados por orden judicial. / GERMÁN MESA
El grupo Ban-Ban, titular de varios de los chiringuitos de Puerto Sherry, asegura que los trabajos de desmontaje de sus instalaciones comenzaron ya durante el verano y que desde entonces se han realizado de forma “progresiva”.
Se trata de una versión que contrasta con la posterior decisión municipal de activar en octubre la demolición subsidiaria ante la falta de retirada completa de las estructuras. El nuevo paso administrativo evidencia que, llegado octubre, los trabajos exigidos seguían sin estar completados.
La empresa, responsable de Phi-Phi Beach, Blue Puerto Sherry y Playa Canalla, sostiene que comenzó los trabajos con medios propios después de conocer que las licencias no serían renovadas. Según su versión, el ritmo del desmontaje ha estado condicionado "por los procedimientos administrativos abiertos" y por su derecho a presentar recursos y alegaciones.
La afirmación introduce ahora una nueva versión sobre la cronología de los trabajos. Los decretos municipales dictados el 26 de junio concedían a las empresas un plazo de diez días para desmontar y demoler las instalaciones, computado desde el cierre de los establecimientos el 6 de julio.
Sin embargo, transcurridos varios meses, el Ayuntamiento dictó el pasado 9 de octubre nuevos decretos para avanzar hacia la demolición subsidiaria, mecanismo previsto para que la Administración pueda realizar los trabajos pendientes cuando no los ejecuta el obligado y posteriormente repercutirle su coste.
La propia existencia de este nuevo paso administrativo evidencia que, llegado octubre, el desmontaje exigido no se encontraba completado y que este se inició o se intensificó posteriormente al aviso municipal.
Los decretos incorporaban además información procedente de inspecciones municipales destinadas a valorar los trabajos todavía necesarios para retirar las instalaciones.
PhiPhi-Beach el verano pasado.
El coste del desmontaje y el nuevo proyecto de futuro
Ban-Ban mantiene ahora que la retirada se venía realizando “de manera progresiva” desde verano y defiende que ha actuado en todo momento conforme a la ley. La empresa señala además que no tuvo certeza definitiva sobre el cierre hasta el 6 de julio, tras una medida cautelar, y mantiene su intención de ejercer las posibilidades de recurso que le reconoce el procedimiento.
Respecto a los 360.000 euros calculados para una eventual ejecución subsidiaria, la empresa considera que se trata de una valoración municipal "muy superior al coste real de los trabajos" y rechaza que la retirada vaya a suponer finalmente un gasto para los ciudadanos.
La empresa también ha anunciado que ha presentado un nuevo proyecto para la misma ubicación, vinculado al nuevo estudio de detalle de la zona, con la intención de poder retomar la actividad en el futuro si obtiene las autorizaciones necesarias.
